El deber de denunciar los sobornos a los médicos
Como colofón a lo que he publicado estas últimas semanas sobre que la mayor parte del marketing de las farmacéuticas a los médicos es ilegal, comentar que en países de nuestro entorno el soborno a médicos ha sido perseguido. En Italia, por ejemplo, la policía italiana descubrió la concesión de comisiones ilegales y regalos a miles de médicos italianos por parte de la farmacéutica GlaxoSmithKline como “premio” por recetar sus productos. 4.713 personas fueron procesadas acusadas de pertenecer a una red encargada de favorecer la venta de los productos de ese laboratorio, con incentivos tales como becas para sus hijos y viajes a parajes exóticos de India o Brasil.
En Estados Unidos el Fiscal de Nueva York, Eliot Spitzer, acusó a los laboratorios Pharmacia y GlaxoSmithKline de sobornar a médicos para que prescribieran sus fármacos anticancerígenos y así aumentaran los reembolsos en los programas de cobertura sanitaria de la Administración. También en Alemania la Fiscalía relacionó a 1.600 médicos del país con la obtención de importantes regalos de esta última empresa. Además, en febrero de 2.012, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 8 de Buenos Aires describe el procedimiento empleado por la empresa Pfizer, señalando que el laboratorio identificaba a los “médicos-negocios”, es decir, aquellos con mayor potencial prescriptor y enviaba a un agente de propaganda médica a captar su voluntad mediante el ofrecimiento de diversos beneficios económicos como pueden ser la entrega de un determinado electrodoméstico o un cheque en efectivo, de tal manera que aquél recete sus productos. En este caso la investigación criminal acreditó que un médico recibió una computadora con un monitor de plasma, otro una cámara digital y un tercero un monitor de plasma.
Aparte de todo lo publicado en el artículo Límites legales en la relación entre el profesional sanitario privado y público y la industria farmacéutica me envió el fiscal Valentín José de la Iglesia Palacios y que he ido desgranando en el blog, es preciso realizar un par de apuntes más. El segundo Informe Vilardell, elaborado por un grupo de expertos para la racionalización y financiación del gasto sanitario en Cataluña y que lleva el nombre del presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB), Miquel Vilardell -que en parte ha inspirado la privatización de los servicios sanitarios que hoy vivimos-, propone prohibir por contrato a los profesionales de la sanidad pública recibir presentes, asistir a congresos o viajar a costa de las compañías farmacéuticas. Considera necesario “obligar a la declaración de conflicto de intereses” y afirma que “la falta de regulación de las relaciones con la industria proveedora es una de las causas principales de ineficiencia del sistema de salud, además de una causa importante de mala práctica y de iatrogenia”.
Un reciente estudio publicado en la Gaceta Sanitaria y titulado Relación entre los médicos y la industria en Aragón, cuyo objetivo es describir la relación en Aragón entre los médicos y la industria, concluye que existen diferencias en la intensidad de dicha relación en función de la especialidad y el lugar de trabajo del médico en cuestión, información que el propio estudio considera importante para mejorar la transparencia y para desarrollar investigaciones futuras sobre la adecuación y la eficiencia de la prescripción en nuestro país y en otros con sistemas sanitarios similares.
Con todo, en el marco de la relación entre los profesionales de la medicina y la industria farmacéutica podríamos plantearnos –sin ánimo retórico- multitud de interrogantes:
¿Se prescribe, dispensa o administra siempre el medicamento más económico e igualmente eficaz?
¿Dónde acaba la actividad estrictamente formativa y/o informativa (legal) proporcionada al profesional sanitario por las empresas relacionadas con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos?
¿No es posible hoy en día cubrir, al menos la mayor parte de las necesidades formativas de los médicos, con la lectura de literatura especializada?
¿Dónde comienzan los incentivos, bonificaciones, descuentos, primas, obsequios, ventajas pecuniarias o ventajas en especie (generalmente ilegales)?
¿Qué criterios tiene en cuenta en la práctica la industria farmacéutica a la hora de determinar los profesionales concretos a los que va subvencionar para que asistan a una reunión, un congreso, un viaje de estudio o un acto similar?
¿Reúne siempre la hospitalidad ofrecida las exigencias de que tenga lugar en el marco de manifestaciones de carácter exclusivamente profesional o científico, que sea moderada en su nivel, que esté subordinada al objetivo principal de la reunión y que no se extienda a personas que no sean profesionales de la salud?
¿Dichas subvenciones y/u ofertas encubren en algunos casos incentivos y/o auténticos regalos?
Para el fiscal la conclusión es clara:
Corresponde a cada profesional de la medicina reflexionar sobre estas cuestiones y concluir lo que proceda, y a la autoridad judicial investigar y enjuiciar hechos que puedan revestir caracteres de delito de cohecho, hechos que deben ser denunciados por quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de ellos (artículo 262 Lecrim).
Realmente es la propia administracion la que tiene que actuar. Hoy día todo el mundo sabe como trabaja la industria farmaceutica y las administraciones pueden ponerle freno al asunto o dejarlo pasar. Un ciudadano no puede hacer nada pero la justicia debe hacer algo. No son necesarias pruebas porque existen muchas. El mero hecho de dejar actuar a los visitadores con impunidad ya demuestra que existe poco interés por parte de las administraciones. El día que quieran empezarán a controlar el tema «si interesa». Ahora ya el tema está fuera de control. El gasto está por las nubes y la industria campa por sus fueros.
El problema es que como ciudadano aunque sepas de soborno a medicos o a algún medico.., primero no sabes ni donde denunciarlo, segundo ni si te van a hacer caso, y tercero aun temes que despues actuen contra ti…y a ellos no les pase nada pues lo encubran entre todos bajo alguna argumentación corporativa..; si fuera distinto mas gente se decidiria a contar las cosas..
Encomiable de nuevo la respuesta del fiscal que viene a decirnos que por lo general esperamos a que sea otro el que tire la piedra aunque nosotros la tengamos en nuestra propia mano.
Deberíamos concienciarnos todos del deber de denunciar delitos, incluso aunque no afecte a nuestros intereses. Ya sé que para muchos esto es un acto contra natura y una manera gratuita de complicarse la vida.
Por otro lado, creo que se debería facilitar el acto de denuncia, dotándolo del anonimato necesario sobre todo en asuntos de interés colectivo como es el que nos atañe aunque con indicios suficientes para que cualquiera no pueda hacer perder el tiempo a los jueces y/o fiscales.
Hoy en día el que denuncia es el señalado, el que tiene todo que perder… No considero ético recompensar las denuncias, aunque este sistema funciona en los países anglosajones, pero al menos que el procedimiento sea lo suficientemente seguro para que el denunciante no salga perjudicado.
Miguel, esto me recuerda a otros macro-juicios de la historia… ¿Cuantos testimonios hacen falta para un proceso a la IF?
¡Hola, Miguel y resto de lectores! Como veis, mi especialidad no es la administración sanitaria y el dar ideas que vayan en ese camino. Al leer las diferentes propuestas que ha bosquejado Luis Lafuente en sus juiciosos comentarios, me resuenan la mayoría como medidas interesantes para generar un mayor control y vigilancia sobre el hecho farmacéutico y sus problemas derivados.
Lo que pasa, y siento repetirme excesivamente, perdonadme por ello, es que mi realidad cotidiana como profesional de la Salud está tan apartada del uso de fármacos (o remedios de cualquier orden), que todo eso me pilla bastante a desmano… Es un tema que, si no fuera por la cantidad de afectados por sus consecuencias, no me interesaría en absoluto.
Salud para ti y los tuyos.
«Hasta ahora los filósofos no han hecho más que observar el mundo…Ha llegado la hora de transformarlo» (C. Marx Tesis 11 sobre_Feuerbach)
Y me pregunto yo…ese fiscal con tan profundo estudio que está esperando para presentar las denuncias legales/iniciar los procedimientos legales respectivos?
No es para que haga eso que le «pagamos» su sueldo todos los ciudadanos de este pais?
Por favor…basta ya de «diletancia«…
Entiendo, Fernando, yo he hablado sobre ello con él. Me consta que está atento a lo que se publica pero por si acaso le he enviado tu pregunta. Gracias.
Fernando respuesta del fiscal (tras leerla ¿tú tienes constancia de hechos que podrías denunciar, lo harías?):
Es una reflexión interesante, pero la realidad no es exactamente así.
Hay que tener en cuenta varias cuestiones:
1.- En la práctica, en el 99 % de los casos los procedimientos penales se inician por un atestado de la policía remitido a la Fiscalía o al Juzgado de Instrucción, o por denuncia o querella interpuestas por quien tiene conocimiento concreto de un hecho delictivo (sea o no perjudicado por el mismo). Sin que esté autorizado a dar más datos, en uno de los juzgados que despacho hay una causa reciente en la que la Comunidad Autónoma de La Rioja denunció a un médico, un farmaceutico y un enfermero por sustraer recetas, falsificarlas y facturarlas en perjuicio del Servicio Riojano de Salud. Los hechos delictivos que son puestos en nuestro conocimiento son perseguidos pero, por decirlo de alguna manera, necesitamos alguien que nos diga donde está el cabo del hilo para que nosotros tiremos del hilo.
2.- En teoría (el 1 % restante) la fiscalía podría incoar unas diligencias de investigación sin atestado, denuncia o querella previos. Hablamos de casos excepcionales (niños robados, por ejemplo, u otros que causen gran alarma social). Por desgracia este tipo de corrupción no es conocido por el gran público, y es triste decirlo pero, si la opinión pública estuviera claramente sensibilizada con este tema, la cosa sería distinta. A lo anterior habría que añadir que, aun tratándose de estos casos excepcionales, yo soy un fiscal que, al no ser jefe, debería contar para iniciar unas diligencias de investigación con el visto bueno de mi jefe, que a su vez a lo mejor recabaría la autorización del suyo (FGE).
3.- No creo que sea mas exigible que un fiscal persiga delitos no denunciados (y de los que no tiene conocimiento directo) que quien tiene noticia directa de ellos los denuncie, que es lo que se espera de todo ciudadano. Sin acritud.
Por supuesto, regular la visita médica, venta a farmacias, visita a farmacias, visita a gerencias de área sanitaria, visita a farmacéuticos de área, visita a farmacias hospitalarias, visita a residencias de ancianos… Por cualquier trabajador de la IF o afines, sea cual sea su cargo o status. Es decir no solo visitan los visitadores, hay un enjambre cada vez mayor de falsos visitadores, con los nombres más diversos dentro de las empresas, para visitar a los decisores del sistema sanitario allí dónde se encuentren, y muchos de ellos se encuentran en consejerías de sanidad a lo largo y ancho de nuestra geografía… Y también se les visita, sibilinamente, pero se les visita, y se les hace favores, o se les dora la píldora (nunca mejor dicho)…
He dicho…
Dr. Silvano Baztán, no es una burrada, es simplemente algo utópico, aunque no carente de razón. Hablamos de un negocio tan podrido… Que es muy difícil meterle mano, y más con las multinacionales y sus larguísimos tentáculos… Se ha demostrado que cuando el gobierno de un país interviene en la producción de fármacos, es casi peor. Y que limitar la libertad de prescripción del médico, orientándole a prescribir determinados productos por decreto, tampoco es del agrado del colectivo.
Quizás impedir los nuevos registros de fármacos «me too» pueda ser un inicio, aprobar fármacos al precio que realmente le interese al gobierno financiar, no financiar más de un fármaco por grupo terapéutico, hacer un seguimiento exhaustivo del uso y efecto de nuevos fármacos implicando a los médicos que los receten con un seguimiento especial de los pacientes para ver si cuadra la estadística real con la que ofrece el laboratorio para su registro, hacer un juicio a la IF por los años y años de abuso, y que devuelvan lo muchísimo que han robado, fortalecer en todo el ámbito de la sanidad la más eficaz farmacovigilancia, vigilar muy de cerca las actuaciones de empresas fuera de la IF que también corrompen el sistema, como casas de prótesis, fungibles, electromedicina.
¡Hola, Miguel y resto de lectores! Como dice aquel refrán, «muerto el perro, se acabó la rabia». En este caso, el «perro» es la existencia de un negocio superproductivo, demasiado tentador para voluntades frágiles y visiones estrechas…
Si pudiéramos conseguir que el tema de la Salud dejara de estar sustentado por cuestiones de puro beneficio empresarial, se habría acabado «la rabia».
Para llegar a esa situación, se podría utilizar, de manera transitoria, la labor del Estado para centralizar grandes líneas de producción de los productos más utilizados.
A lo mejor estoy diciendo una burrada, sobre todo con la que está cayendo hoy en día, con la tendencia a disminuir el volumen del gasto público y la voluntad de privatizar, día sí, día también, sectores de interés general para la población…
Que conste que mi visión no para ahí sino que, si por mí fuera, introduciría en las Facultades de Medicina información suficiente y de garantía sobre procedimientos que promueven la Salud en las personas y que, además, no generan gasto farmacéutico, sustituyendo esa partida de gasto por el aumento del tiempo de consulta en atención primaria y un mayor número de profesionales disponibles…
Salud para ti y los tuyos.
Lo que apuntas en tus comentarios, no es el primero Silvano, es de lo más razonable, primero invertir en mejorar la salud de la población y luego ya veremos si intervenir. Como dices, es al revés por puros intereses mercantiles. Pero la crisis se encarga de poner en su sitio muchos dogmas.
Soborno o cohecho es también el ofrecimiento de incentivos aunque el funcionario decline la propuesta. Ni quiero imaginar las denuncias que podría haber si los tarugos no fueran conocidos por la generalidad de los visitadores y los que no son tarugos o los visitadores/laboratorios honestos cumplieran con el precepto del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mencionado.
Del visitador médico se espera que ponga en práctica las técnicas de negociación que se supone ha aprendido en los cursos de técnicas de negociación pagados por su empresa y que tienen como único objetivo enseñar a «sobornar» médicos. Me da igual que sea con una comida en un restaurante de lujo, con una inscripción de un congreso, con los libros para sus hijos o con un portátil. Todos estos gastos van a cargo de los presupuestos de inversión y los presupuestos de inversión de los laboratorios no son para regalar altruistamente a cualquier médico y menos a médicos que carezcan de potencial de receta. Están para rentabilizarlos con médicos seleccionados siempre y cuando se tenga la certeza de que van a responder. Si la elección de los médicos falla, el visitador se juega su puesto de trabajo. No hay más misterio.
Como siempre, en previsión de los oportunistas que siempre salen diciendo que generalizo, dejo claro expresamente que no lo hago. Cada vez hay más visitadores que por diversas razones no tienen presupuestos de inversión ni siquiera novedades que transmitir. Tienen que conseguir mantener y aumentar las recetas por su cara bonita y poco más. No creo que esto se pudiera incardinar en el delito de cohecho porque falta el elemento material, pero el fondo es el mismo.