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La guerra de las vacunas (varicela y neumococo), recortes y desinversiones

Los laboratorios farmacéuticos fabricantes de vacunas continúan su ofensiva ante las decisiones del Ministerio de Sanidad que no les convienen. Dos vacunas están en el centro de la polémica: la de la varicela y la del neumococo. De fondo, los llamados recortes, que son en este caso desinversión y el uso de lo sanitario como arma política arrojadiza.

A comienzos del pasado mes de septiembre, la Agencia Española de Medicamentos bloqueó la venta de la vacuna de la varicela marca Varivax, fabricada por el laboratorio Sanofi Pasteur Merck, Sharp and Dohme (MSD). varivax vacuna varicela fármaco medicamento recortes

La decisión de las autoridades sanitarias españolas se debió al abuso que se está produciendo pues el calendario vacunal oficial la incluye a los 12 años (una sola dosis) [excepto en Madrid, Navarra y Ceuta y Melilla]  y se está empleando en el ámbito privado en dos dosis en la primera infancia.

Las quejas desde entonces se han sucedido, impulsadas en buena medida por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), lobby de las vacunas relacionado con los productores de estos medicamentos. Otras sociedades científicas apoyan la medida de desinversión de Sanidad.

Pues bien, dicho comité ha presentado su calendario vacunal para 2014 que difiere del oficial, el del Ministerio. Vaya que si a los laboratorios no les gusta lo que decide la administración pública envían a sus submarinos con su oferta.

Tal es así que la propuesta del CAV incluye algunas de las vacunas más polémicas y cuestionadas: neumococo, papiloma humano, varicela, tosferina y meningococo B. En general, piden que se vacune más y antes pese a la poca evidencia científica de la eficacia de algunas y la destacable peligrosidad de otras:

-La vacuna del neumococo, Prevenar, es la que se introdujo hace tempo en Galicia como proyecto piloto mientras los científicos y profesionales independientes la desaconsejan.Prevenar vacuna neumococo medicamentos reacciones adversas

-La del papiloma, Gardasil y Cervarix, estoy convencido que será el próximo gran escándalo sanitario. Lo resumí en este post sobre la última conferencia en que lo expliqué.

-La de la tosferina ha comenzado a ofrecerse a mujeres embarazadas en Catalunya y es una vacuna en entredicho. Triaxis y Boostrix, vacunas de la tosferina, no reúnen suficiente evidencia para gestantes.

En ocasiones, se presenta la no financiación de las citadas vacunas como un recorte sanitario. A mí lo que me parece es que estamos tratando sobre desinversión. Estaban financiándose productos que NO lo merecían.

Creo que el sistema sanitario público ha de financiar los medicamentos que sean necesarios y eficaces y con una relación beneficio riesgo aceptable. Financiar productos que no cumplan esos requisitos en derrochar y desfinanciarlos no es recortar sino ahorrar.

Como he documentado arriba y en otras ocasiones, sociedades «científicas» como la citada mantienen conflictos de interés con los productores de vacunas que las deslegitiman para «recomendar» productos y medidas de salud pública porque no están al servicio del público interés sino del privado.

El fenómenos de los conflictos de intereses está pervirtiendo la Ciencia y la Medicina. Es lo que manipuló al mundo durante la falsa pandemia de gripe A de 2009-10 para vender la svacunas ad hoc. Y es algo que se hace de manera cotidiana y sistemática. Lo observamos en las recomendaciones vacunatorias al Ministerio de Salud de Chile, por ejemplo:

Cuatro de los doce miembros del panel de médicos expertos con derecho a voto en el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (Cavei), creado por el Minsal [Ministerio de Salud] para aconsejar en la incorporación de nuevas vacunas relacionadas con el control de enfermedades prevenibles, aceptan viajes y trabajan a honorarios para laboratorios que participan en las licitaciones del gobierno de Chile. Al realizar estas prácticas, violan el principio de probidad, arriesgan la destitución de sus cargos y ser acusados de tráfico de influencias. Si bien es un delito, no hay fiscalización».

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