Proyecto de Ley de Transparencia en la información sobre las vacunas
Andrea Boland es una Representante política del Estado de Maine en Estados Unidos (EE.UU.). Lleva años luchando por desarrollar y hacer realidad un Proyecto de Ley que permita una mayor transparencia en la información sobre los ingredientes de las vacunas. La idea principal de este Proyecto de Ley es dotar a los padres de más poder a la hora de decidir si vacunar o no a sus hijos.
Si Boland logra el apoyo político necesario es posible que este Proyecto se haga realidad. Sería la primera vez en toda la historia que una Ley exigiría transparencia e información previa antes de la vacunación.
En la vacunación infantil, los padres tendrían la oportunidad de saber todos y cada uno de los ingredientes (antígenos, adyuvantes, excipientes, conservantes, etcétera) que contienen las vacunas. Tendrían un gran poder de decisión.
Es un Proyecto muy arriesgado porque pone sobre la mesa, por primera vez en la historia de la vacunación, la importancia del consentimiento terapéutico y de la información terapéutica directa al ciudadano (ITDC), concepto acuñado y desarrollado por D. Manuel Amarilla, abogado y Presidente del European Pharmaceutical Law Group y uno de los promotores de Bufete RAM, en su libro “La Información Terapéutica Directa al Ciudadano”.
La información directa al ciudadano parte de la base de que la industria farmacéutica posee todo el conocimiento (fuente de la información) sobre los productos que lanza al mercado. Si posee todo el conocimiento debe transmitirlo de manera real, adecuada, veraz, actualizada y responsable al ciudadano. El prospecto del medicamento y la ficha técnica son los vehículos esenciales para transmitir dicha información.
Otros vehículos son los profesionales sanitarios que de forma independiente aconsejan o no al ciudadano sobre un determinado producto. En las vacunas el asunto se vuelve más complejo puesto que estamos ante un producto estrella para la política farmacéutica en su relación con la salud pública.
¿La autonomía de la voluntad del ciudadano en salud y el derecho al consentimiento informado terapéutico en el ámbito de los fármacos debe ser superior a la garantía de una política de salud pública eficaz y eficiente? ¿Es cierto que las vacunas son perfectas? ¿Las vacunas son la panacea para no tener enfermedades para las que nos vacunamos? ¿Se informa realmente de las reacciones adversas graves? ¿Cuántas reacciones adversas graves producen las vacunas al año?
Cómo veis, el mundo de las vacunas, la salud pública y el derecho es muy complejo. La industria farmacéutica invierte mucho dinero en su producto estrella. La investigación en vacunas es costosa, complicada y duradera. La industria también tiene derecho a recibir retorno de la inversión.
Ahora bien, ¿este retorno de la inversión debe ser prioritario a establecer políticas de salud pública y calendarios expansivos de vacunación sistemática? ¿Este retorno de la inversión y reparto de beneficios debe ser tal que el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad del ciudadano (consentimiento informado) sea minusvalorado en pro de dichas políticas? ¿Por qué la Administración pública no quiere elevar el nivel de cultura del ciudadano en vacunas? ¿Y nosotros? ¿Por qué no exigimos el prospecto de estas vacunas?
En España, mientras tanto, desde el estamos luchando porque la Agencia Española del Medicamento nos ofrezca datos reales de las reacciones adversas graves que causan algunas vacunas, especialmente las infantiles. Y ya no sólo eso, también nos gustaría que dicha Agencia o las autoridades sanitarias “obligaran” a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de las reacciones adversas graves.
Al mismo tiempo, creemos necesario dotar a España de un sistema de compensación por los daños ocasionados por las vacunas, al estilo de otros países de nuestro entorno.
Miguel y demás comentaristas, se está ganando terreno a la mentira de las vacunas, es cierto. Pero el gran avance pasa por hacer que el pediatra que ordena la aplicación de cada vacuna sea el responsable de dos cosas:
1. Información detallada sobre los posibles daños que puede causar y de los que no puede causar que se le atribuyen. Esto, firmado por el pediatra a modo de informe.
2. Consentimiento por escrito de los padres después de que estos estén informados y den su consentimiento.
Para ello hay que encontrar el modo de que llegue de modo fehaciente a los pediatras base la información más precisa sobre las reacciones adversos e incluso la muerte que se han producido en relación con cada vacuna. Daros cuenta que el pediatra es el soldado raso de las farmacéuticas, si este se siente acorralado por no cumplir con su obligación, que es la de informar de la realidad, las farmacéuticas tendrán un serio problema.
Las vacunas son, qué duda cabe, necesarias. Pero no en todos los casos. Añádase que todas las vacunas -incluso las tenidas como más seguras- comportan un riesgo potencial para la salud y se entenderá que no es admisible que esa decisión se deje siempre en manos de los gobiernos o de los médicos. Antes bien, el ciudadano tiene derecho a estar informado tanto de los beneficios como de los posibles riesgos. Y, por supuesto, tener la última palabra. Algo que, sin embargo, no ocurre siempre.
Todo lo que sea informar al usuario lo veo bien, pero creo que el gran poder los laboratorios apoyados por los gobiernos es enorme y ya se buscaría la forma de que ellos no salieran perjudicados.
Un saludo.
Miguel, Está muy bien la lucha para que la Agencia Española del Medicamento ofrezca datos reales de las reacciones adversas graves que causan las vacunas, pero en el momento actual creo que pides peras al olmo. ¿Acaso crees que la Agencia tiene esos datos? Me consta que en el pasado reciente no los ha tenido y tampoco es que le importara mucho tenerlos o no. Supongo, con un voto de confianza muy muy relativa, que recientemente las cosas están cambiando y posiblemente más tendrán que cambiar, pero no creáis que va a ser por iniciativa propia de la Agencia, como debería ser, sino porque las circunstancias y la presión ciudadana les van a obligar a ello. Por tanto, no hay que relajarse ni bajar la guardia. Yo tengo muy claro qué intereses defiende la Agencia y ya digo de antemano, para que nadie se llame a engaño, que no están con la salud del ciudadano sino con el comercio de fármacos.
No entiendo para que sirve esa ley ya que no asegura que la dosis que inyectan contenga lo que dice el prospecto en las cantidades y en calidades, solo tendría valor si se pudiese analizar el producto antes de ser utilizado, anda que si van dosis adulteradas al revoleo, el papel lo único que hace es condenarte a creer que contenía lo descrito… en fin, seguimos en el juego de cambiar riesgos naturales siempre inflados por la ruleta rusa cargada donde la casa siempre gana.