El Consejo de Europa pide medidas para evitar la corrupción de la industria farmacéutica

El Consejo de Europa ha aprobado una resolución en la que pide medidas contra la corrupción de la industria farmacéutica. En juego están los daños que estas compañías inflingen a la salud pública.

El Consejo de Europa es el más importante de los órganos de consulta que tienen los políticos comunitarios europeos. Se manifestó de manera muy clara, por ejemplo, durante la pandemia de gripe A de 2009 que por suerte no llegó a ser tal. No hubo tal pandemia anunciada pero que supuso un gran pelotazo económico para los laboratorios que vendieron vacunas y fármacos antigripales a mansalva (algunos de ellos de baja eficacia y que han caducado).

El pelotazo fue consentido cuando no impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa criticó la “falta de transparencia” con la que actuó el citado organismo internacional.

Ahora esta institución denuncia la insuficiencia para paliar los efectos de la corrupción de la industria tanto de la auto-regulación como de las medidas legislativas actuales y señala su grave daño sobre el conocimiento biomédico, la innovación, las decisiones de las autoridades sanitarias y el precio de los nuevos medicamentos.

La Asamblea solicita, entre otras, medidas como un nuevo impuesto sobre los fondos de la industria dedicados a la promoción para financiar la formación profesional independiente. También la exclusión de los expertos con conflictos de interés de los ámbitos de decisión sobre política sanitaria, definición de enfermedades o umbrales de tratamiento. Exige transparencia en relación con los costes de los medicamentos y los resultados de los ensayos clínicos.

Solicita a los gobiernos políticas más estrictas para introducir nuevos medicamentos en el mercado y financiarlos públicamente, licencias obligatorias en el caso de restricciones en el acceso a medicamentos esenciales, fondos públicos para una agenda de investigación orientada a las necesidades o una llamada a superar el fracaso de las patentes.

El Consejo explica cn razón que la humanidad ha visto los más espectaculares avances médicos de su historia en el siglo XX. El progreso científico nos ha ayudado a identificar el origen de un sinnúmero de enfermedades y a desarrollar tratamientos que han mejorado significativamente el estado de salud de la población.

La industria farmacéutica -continúan en esa institución- ha jugado un papel indiscutible, invirtiendo en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos; por lo tanto, es uno de los principales actores en el campo de la salud y, al mismo tiempo, un sector muy importante de actividad industrial en muchos países”.

Pero desde hace tiempo se están planteando cuestiones acerca de los posibles efectos negativos de la interacción entre la industria farmacéutica y otros agentes del sector salud. Esta interacción ha dado lugar a conflictos de interés, influido en la generación del conocimiento médico así como en el comportamiento de todos los actores involucrados, originando, finalmente, decisiones sesgadas (en referencia a la citada “pandemia” de gripe).

La autorregulación de los conflictos de interés en la industria “no es vinculante y la aplicación de la legislación deja mucho que desear“, comentan los expertos del Consejo.

La investigación y el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas es un proceso largo y costoso.

A cambio de esta inversión, las compañías farmacéuticas se benefician de un derecho de propiedad intelectual sobre las moléculas que desarrollan, protegido por una patente:

Este modelo de innovación ha llevado al descubrimiento de miles de medicamentos. Sin embargo, cada vez parece más claro que este no es el enfoque óptimo en materia de salud pública“.

Y a pesar del aumento en el número de nuevos medicamentos introducidos en el mercado, ha habido muy pocos que hayan presentado un beneficio terapéutico real y, por tanto, haya solucionado verdaderas necesidades de salud. Además, hemos visto un importante aumento en el precio de los medicamentos, supuestamente justificado por el costo de la investigación y el desarrollo que, sin embargo, es muy discutido ya que “no responde a criterios transparentes“.

El precio exorbitante de los tratamientos contra el cáncer y la hepatitis C es especialmente preocupante. Los sistemas de salud públicos se enfrentan a un constante aumento del precio de los medicamentos, poniendo en peligro su capacidad para cumplir con su función.

La Asamblea pide al Consejo de los Estados miembros de Europa:

-Incorporar en el plan de estudios de los profesionales de la salud contenidos obligatorios y específicos que permitan su capacitación para enfrentarse a los riesgos de la promoción farmacéutica.

-Introducir un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica que sea utilizado, entre otras cosas, para financiar un fondo público destinado a la formación independiente de los profesionales de la salud.

-Garantizar la transparencia absoluta en cuanto a las relaciones comerciales de los expertos que trabajan con las autoridades de salud.

-Establecer medidas estrictas que regulen el paso de personas entre el sector público y el privado (y viceversa), entre las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica, lo que se llama “puertas giratorias”.

-Obligar a las empresas farmacéuticas a una transparencia absoluta en cuanto a los costes reales de la investigación y el desarrollo, en particular en relación con la parte que corresponde a fondos de investigación financiados públicamente.

-Adoptar unas políticas de autorización de comercialización más estrictas.

-Asegurar que los medicamentos cuya eficacia se ha establecido son accesibles recurriendo, en su caso, a licencias obligatorias a cambio del pago de regalías.

-Crear un fondo público para financiar la investigación independiente orientada a las necesidades insatisfechas de salud.

La Asamblea pide a los Estados miembros que impongan sanciones disuasorias a las prácticas ilegales llevadas a cabo por las farmacéuticas, en su caso, mediante la imposición de multas ligadas a un determinado porcentaje de su facturación.

Sólo comentar que con que se aplicasen la mitad de las medidas propuestas los impactos en la salud pública serían enormes. Cómo ha de estar la cosa para que a estas alturas de la vida tengan que proponerse medidas drásticas como las citadas.