Autoridades sanitarias que «perdonan» que se receten medicamentos alegales

Joan-Ramon Laporte es jefe del servicio de farmacología del Hospital Vall d’Hebron. Es catedrático de farmacología en la UAB y dirige la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. En una entrevista que le hace El Mundo cuenta varias cosas interesantes y destaco una:

El tiempo que se tarda en retirar un medicamento porque produce efectos indeseados graves ha pasado de seis o siete años en 2004, a 12 o 14 años hoy en día. Cuesta mucho más retirarlos y esto es por la creciente influencia de la industria sobre los sistemas de salud, tal como ha denunciado el Consejo de Europa».

Esto nos habla de la tendencia que tiene la autoridad sanitaria en general y Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) en particular de proteger, queriendo o no, los intereses de los laboratorios.

Cuánto le cuesta a la Agencia llamar al orden a los fabricantes de medicamentos.

Será porque una parte de los ingresos de esta institución pública provienen de lo que paga la industria en concepto de tasas para la revisión de la documentación clínica que presenta a la hora de intentar que le aprueben un fármaco.

Esto representa un obvio conflicto de interés que pone en riesgo la salud pública pues están aprobándose constantemente medicamentos peligrosos que no han sido bien revisados. El propio Laporte, una de las personas que más sabe de medicamentos en España y parte del mundo, lo explica así:

Los laboratorios no dan acceso público a los ensayos clínicos. Tampoco se lo dan al sistema de salud. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprueba medicamentos sin ver los datos de cada uno de los pacientes que han participado en los ensayos».

Ve lo que quieren los pagadores, así de claro, por increíble que parezca. Vamos a poner otro ejemplo (sobre todo esto hemos publicado ya muchas veces) de lo que creo que es negligencia por parte de la AEMPS y a ver si ahora que parece que se acercan cambios en el Gobierno de España alguien le echa lo que hay que echarle y pone el orden que la Agencia no es capaz de poner pese a ser su cometido.

Corría el año 2002 cuando la AEMPS retiró del mercado 15 productos contra las varices y restringió el uso de otros trece. Entre las especialidades farmacéuticas retiradas se encuentran Activadone (Thea), Daflon (Servier), Difrarel (Sigma Tau España), Diosminil (Teofarma Ibérica), Metorene (Sanofi-Synthelabo), Venoruton (Novartis) o Venosan (Binesa-Pfizer). Y Doxium (Esteve). De este medicamento además, la Agencia del Medicamento también restringió la especialidad Doxium fuerte al tratamiento de la retinopatía diabética, dado que el balance beneficio riesgo se considera desfavorable contra las varices.

Es decir, Doxium y otros muchos medicamentos se usaban para indicaciones para las que no estaban aprobados, un fraude consentido que pone en peligro la salud de quienes usan esos fármacos sin tener que usarlos.

Pues bien, en el último boletín informativo mensual de la AEMPS podemos leer en las Comunicaciones sobre seguridad de medicamentos:

Dobesilato de calcio (Doxium Fuerte): recordatorio de las condiciones de uso autorizadas (Carta de seguridad para profesionales sanitarios). El laboratorio titular de Doxium Fuerte, ha realizado una revisión de las prescripciones de dobesilato de calcio en España y ha detectado una proporción elevada de uso fuera de indicación. Por ello ha enviado una carta para recordar a todos los potenciales prescriptores que deben respetarse las condiciones autorizadas, siendo la retinopatía diabética no proliferativa la única indicación autorizada».

Es decir, catorce años después de la primera decisión de la Agencia este medicamento (y no es el único) continúa usándose fuera de la indicación para la que está aprobado y por ello está poniéndose en riesgo la salud de la población a la que se le receta mal. Tengo muy clara además cual es la cadena de responsabilidad en este tipo de casos:

-primero la AEMPS por ser tan condescendiente con los laboratorios.

-segundo los propios fabricantes que alientan, por lo general, que sus productos sean lo más recetados posible olvidando con cinismo las indicaciones legales y animando a sus visitadores médicos a que a su vez «incentiven» a los médicos a extender las recetas oportunas.

-y tercero los profesionales sanitarios que entran en este macabro juego facilitándolo con el talonario de recetas pues Laporte dixit:

Los medicamentos son la tercera causa de muerte tras el infarto y el cáncer, según estudios hechos en EEUU. Cada año mueren 100.000 personas por errores de medicación, y 100.000 por efectos adversos».

La receta de medicamentos para usos alegales es un enorme negocio que las autoridades sanitarias no están atajando por miedo a los productores de los mismos. ¿Qué es de su función de proteger la salud pública?