España quiere proteger a los «whistleblowers» o denunciantes de casos de corrupción

Hace unas semanas vi la película Snowden del director Oliver Stone. Narra los acontecimientos que siguieron a la publicación por parte del diario The Guardian de los documentos clasificados que aportó Edward Snowden sobre el programa secreto de vigilancia mundial de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) en 2013.

A las personas como Snowden que filtran datos cruciales para que la sociedad entienda un hecho histórico o una corrupción se les llama whistleblowers (una traducción literal sería el que toca el silbato). A lo largo de la historia ha habido muchos.

El  whistleblower es una especie de «chivato» bueno. Suele trabajar como funcionario de un gobierno o como alto responsable de una gran empresa. Tiene acceso a información confidencial y en la encrucijada de continuar siendo el guardián de esos secretos o hacerlos públicos para beneficio de la sociedad opta por lo segundo.

La industria farmacéutica ha tenido este tipo de denunciantes. Cuando la multinacional Pfizer adquirió el laboratorio Warner-Lambert un ex directivo de la empresa recién adquirida, el doctor David Franklin, denunció a la compañía compradora por promocionar su fármaco Neurontin para más de una docena de patologías para las que no estaba aprobado.

La gabapentina, principio activo de ese medicamento, está permitida por la FDA (la agencia que controla los alimentos y los fármacos en Estados Unidos) para el tratamiento de la epilepsia y los dolores neuropáticos pero Pfizer decidió promocionarlo también para patologías tan dispares como las crisis maniacodepresivas, el déficit de atención, las migrañas, el trastorno bipolar, el síndrome de piernas inquietas o el síndrome de abstinencia.

La farmacéutica tuvo que pagar más de 430 millones de dólares para resolver esos cargos.

Gracias a Franklin la administración pública sanitaria de USA ahorró mucho dinero pues dejaron de extenderse multitud de recetas ilegales.

Por eso en EE.UU. los whistleblowers están protegidos por ley.

Aquí en España no, de momento. Por eso me parece especialmente importante que el Congreso vaya a estudiar cómo incentivar y proteger a quienes alerten sobre casos de corrupción.

Así ha sido aprobado en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática tras el acuerdo alcanzado entre todos los partidos. Como cuenta El Mundo:

Esta comisión, de nueva creación en el Congreso, aprobó solicitar a la Mesa -el órgano rector de la Cámara- la creación de una subcomisión relativa a la mejora de la contratación pública, la evaluación de la creación de un órgano específico de lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes de los casos.

Está previsto que los trabajos comiencen en las próximas semanas y que se presenten sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución, según el documento aprobado».

Habrá que estar muy pendientes pues, aunque en comunidades como Castilla y León, veremos si un Parlamento en el que aún tiene mayoría los dos partidos que más casos de corrupción presentan en los últimos años (hasta el punto ser lo que son gracias a ello) votan a favor de la medida.

Esta figura ya existe en países que sí tienen protección al denunciante como Canadá, Bélgica, Francia, Noruega, Rumanía, Holanda o Reino Unido, además de Estados Unidos, como citaba antes; y en Alemania, Suiza y Eslovenia está a punto de aprobarse.

Es posible pues que en breve nuestro país también lo haga, no obstante en Castilla y León el PP votó a favor y por ejemplo en Valencia la marca regional del PSOE propuso la medida.

De impulsarse una normativa como la que comentamos lo deseable es que no sólo se protejan a los funcionarios honrados que filtren datos sobre casos de corrupción sino que también se proteja a los empleados de las empresas que hagan lo propio.

En 1973, Stanley Adams trabajaba como ejecutivo para el gigante farmacéutico suizo Hoffmann-LaRoche cuando descubrió que sus jefes llevaban años conspirando con su competencia en una coalición bautizada como Vitamins Inc. para inflar el precio de las vitaminas para la industria alimentaria.

Adams entregó los documentos a la Comisión Europea bajo la promesa de discreción absoluta. No se sabe bien cómo, los funcionarios de la Comisión dejaron que un agente de la farmacéutica fotocopiara los documentos, que llevaban el membrete de la oficina de Adams y también su firma.

Roche denunció a Adams por espionaje industrial y acabó en la cárcel. Salió a los seis meses pero su mujer se suicidó. Años más tarde obtuvo una indemnización por los daños de 230.000 euros. Es decir, el whistleblower pagó un alto precio.

Luego Kellogg, Coca-Cola y Nestlé, con la documentación de Adams, demandaron a  las farmacéuticas y Roche pagó más de 7.000 millones de euros y se quedó sin su área de vitaminas. Como narran en ElDiario.es:

El resto del cartel, una docena de firmas que juntas hacen el 98% de la industria farmacéutica, tuvo que desembolsar miles de millones en juicios, multas, penas y compensaciones a lo largo de los años».

Proteger (y hacerlo bien) a los whistleblowers es una necesidad y redundará en una mejora de la democracia.