Un tercio de los medicamentos a la venta ofrece problemas de seguridad no avisados

Un nuevo estudio vuelve a documentar la baja calidad y peligrosidad de buena parte de los medicamentos que hoy se recetan. Se han analizado más de 200 aprobados en los últimos años y un tercio ofrece problemas de salud y reacciones adversas no avisadas en su prospecto.

He escrito y difundido muchas veces y desde hace numerosos años sobre la epidemia de iatrogenia (daños provocados por el sistema sanitario y los tratamientos) «fantasma» que sufren los países industrializados. Fantasma porque no ocupa portadas de periódicos ni abre los informativos de las televisiones y entonces parece que no existe pero la realidad es que los sistemas sanitarios hoy se han convertido en la tercera causa de muerte en los países llamados desarrollados, sólo tras el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Un nuevo estudio viene a ofrecer datos que documentan dónde se origina en buena medida el problema. Una revisión de más de 222 nuevos fármacos ha revelado que uno de cada tres provocó tras su aprobación problemas de seguridad no contemplados en su prospecto.

Como recoge El País, tres de esos medicamentos peligrosos fueron retirados del mercado.

El Bextra (valdecoxib), un antiinflamatorio que la farmacéutica Pfizer incluso no tuvo reparo en promover para usos no indicados. El Zelnorm (tegaserod), comercializado por Novartis para el síndrome del intestino irritable. Ambos provocaron graves daños cardíacos.

El Raptiva (efalizumab) de Merck Serono, aprobado para tratar la psoriasis, fue retirado por provocar una rara infección provocada por la reactivación de un virus común del sistema nervioso central.

Todos estos tratamientos han sido aprobados por la agencia reguladora estadounidense, la FDA. Y hasta en 61 ocasiones debieron obligar a los fabricantes a poner un recuadro negro en la caja del fármaco que representa la señal de máxima advertencia sobre los peligros de un medicamento.

Lo que todo esto nos indica es que los fármacos suelen ser autorizados demasiado rápido. Como se extrae de las conclusiones del estudio que comentamos, se hacen ensayos clínicos para probar los nuevos medicamentos que duran unos seis meses y en ellos suelen participar menos de 1.000 personas enfermas de promedio. Los resultados demuestran que es poco tiempo y las muestras sobre las que se ensaya cortas.

Cuando un medicamento produce graves daños es cuando lleva varios años comercializándose y lo han usado millones de personas por lo que los ensayos clínicos quedan en entredicho (suponer que están bien diseñados y ejecutados es mucho suponer: Pfizer, tras retirarse Bextra sacó al mercado un fármaco de la misma familia, Celebrex y los resultados se los ensayos hechos con este se presentaron de manera manipulada).

Otro dato que abunda en esto extraído del estudio que reseñamos: algunos de los tratamientos que presentan más problemas de seguridad tras su aprobación son los fármacos sometidos a aprobación acelerada para cubrir una necesidad médica urgente.

Por explicarlo de manera gráfica, la prisa mata.

Y ello nos lleva a la siguiente reflexión: ¿Puede la investigación clínica y por ende los sistemas sanitarios quedar en manos del interés de lucro de empresas privadas?

¿No habría que buscar la eficiencia en un sistema público de investigación bien dotado de medios y que se planificase con el objetivo de cubrir necesidades sociales y no de mercado? La investigación podría así desarrollarse con tiempo, sin prisas (pero sin pausa) y los resultados llegarían.

No sé de esos 222 medicamentos revisados cuantos son los denominados me too, fórmulas ya conocidas a las que se les hace algún cambio SIN IMPORTANCIA TERAPÉUTICA para patentarlos como si fueran nuevos fármacos. Hoy, en general, son mayoría.

En el reportaje de El País se lanza la idea de que el estudio publicado muestra el éxito de los sistemas de farmacovigilancia, que hacen su trabajo una vez comercializados los medicamentos. Yo creo que es al más bien al revés, lo que ofrece como conclusión es que el sistema de investigación biomédica se mueve por intereses de mercado y eso lo está haciendo fracasar en su supuesto intento de ofrecer medicamentos necesarios, eficaces y seguros.

Todo esto me ratifica en la necesidad, como proponía la semana pasada, de crear un Observatorio contra los medicamentos y productos sanitarios que matan.

No podemos dejar pasar otros dos aspectos que son clave para comprender cómo es posible que tantos medicamentos dañinos estén en las farmacias. Uno son los conflictos de interés de las agencias reguladoras de fármacos. La FDA por ejemplo, la agencia que ha aprobado, como explico, esos 222 tratamientos analizados, tiene un programa por el cual revisa de manera acelerada o prioritaria la documentación de un nuevo fármaco en función de si el laboratorio que lo promueve paga una tasa extra por dicha revisión, lo que claramente pervierte el sistema.

Aquí también hay que comentar que las «puertas giratorias» en estas agencias de medicamentos están bien engrasadas. Interesaros por saber cuántos directores y directoras de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tras su salida de dicho ente público han acabado en laboratorios farmacéuticos a los que con anterioridad debieron controlar y regular; claro conflicto que también pervierte el sistema.

Por último, lo que he comentado en otras publicaciones, las empresas se agarran al “secreto comercial” para no soltar toda la información sobre sus productos que han obtenido en la fase de experimentación. Es lo que hacen las farmacéuticas con los datos sobre sus medicamentos.

No se los entregan al completo ni a las agencias reguladoras de fármacos (estas además, aprueban los medicamentos revisando la info de los laboratorios, no hacen pruebas para contrastarla).

Esto es un fraude científico pues la sociedad se queda sin conocer toda la verdad sobre cada fármaco y los investigadores independientes no pueden usar esos datos para continuar investigando.

Fraude legal (es más, la Unión Europea ha aprobado una normativa que ofrece a las empresas más protección de sus secretos comerciales) clave para entender el carácter comercial de la ciencia para determinadas empresas. La salud pública, como vemos, es la que paga los platos rotos de este desaguisado medicamentoso.