¿Trafican las farmacéuticas con nuestros datos sanitarios confidenciales?

Un trabajador de la farmacéutica Boehringer ha denunciado formalmente el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz. El scoop o exclusiva lo publica Gladys Martínez en el periódico El Salto. Os cuento los pormenores del caso.

Rafael Fernández, trabajador en la citada empresa farmacéutica durante 30 años, denunció el caso de esta apropiación de datos reservados en marzo de 2017 y en diciembre pasado dio un paso más en su denuncia y remitió la información de la que dispone a este supervisor europeo al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Todo comenzó cuando Fernández, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias en Andalucía y Extremadura y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación «extraída ilícitamente». Ésta, según nos cuenta El Salto,

Incluye documentos y comunicados internos de los servicios autonómicos de Salud de Extremadura y Andalucía, pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos, etc».

Este profesional se queja a la compañía por la falta de ética que supone y porque además es ILEGAL (Ver: Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley General de Sanidad, Código Penal…). Y lo que hacen en Boheringer, como era de esperar (yo ya he conocido bastantes casos así: Ver Laboratorio de médicos) es presionarle (hacerle mobbing) para acojonarle y que no se le ocurra contarlo. Pero este hombre no entra en ese juego y hace lo que hay que hacer, denunciarlo.

En marzo lo hace ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (que deriva a la de Barcelona por estar allí la sede de la farmacéutica). Tras ello, la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación (deberá pronunciarse a más tardar en marzo de 2018).

A la izquierda podemos ver un pantallazo con nombres de pacientes que toma el conocido medicamento Sintrom y que es parte del material ilegal por el que ha sido denunciada Boheringer. Como explican los profesionales sanitarios de No Gracias:

«El interés de la empresa Boehringer por saber qué pacientes usan Sintrom, si están bien o mal controlados y qué médicos los han prescrito es muy obvio: pueden hacer una promoción del producto muy personalizada y, por tanto, altamente eficaz».

¿Es esto una práctica habitual? Según Fernández los que más mandan en la empresa son conocedores del asunto y participan en los hechos. ¿Está generalizada esta práctica en la industria farmacéutica? ¿Conocen el tema las autoridades sanitarias? Parece evidente que si un laboratorio lo hace, habrá otros que también lo hagan. Y sin las autoridades no lo saben o es que son negligentes y no merecen el puesto o son colaboradores necesarios y por tanto, cómplices del posible delito.

De momento, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha resaltado que la Junta no tiene «conocimiento oficial» de una denuncia por la presunta extracción y uso de datos pacientes y documentos internos de la sanidad pública extremeña por parte de una industria farmacéutica. Es decir, niega la mayor.

La próxima Fernández tiene reunión con varios parlamentarios andaluces para interpelar en el Parlamento de su comunidad autónoma. Veremos si en Andalucía también desconocen el asunto.

La denuncia contra Boehringer por parte de un empleado pone de relieve de nuevo la falta de protección en España de los informadores internos o whistelblowers, como se les denomina en el mundo anglosajón.

Allí, sus revelaciones son muy apreciadas por las cantidad de delitos que ayudan a evitar y el consiguiente ahorro para las arcas de las administraciones públicas, ya que con este tráfico de datos lo que se hace es márketing agresivo que en definitiva se traduce en más recetas de un fármaco y más gasto sanitario público. Se necesita pues una ley en España para ello y control del lobby farmacéutico.