La Fiscalía Anticorrupción investigará el caso de posible «tráfico de datos» sanitarios por una farmacéutica

La Fiscalía provincial de Granada ha comenzado los trámites para trasladar a la Fiscalía Anticorrupción el caso de «tráfico de datos» sanitarios por parte del laboratorio farmacéutico Boheringer. De fondo, dirimir si es cierto que hay farmacéuticas que poseen estadísticas basadas en datos de salud y enfermedad de la población y que usarían para abrir nuevos mercados a sus tratamientos. 

La investigación penal de estas denuncias a la Fiscalía Anticorrupción se basan en hechos relacionados con supuesta obtención ilícita y posterior difusión con ánimo de lucro de documentos de salud con datos personales, propiedad de instituciones sanitarias de Andalucía y Extremadura. Los hechos denunciados afectan a numerosos funcionarios públicos de salud, pacientes y trabajadores de los servicios sanitarios de esas regiones. Sus datos personales, laborales y de salud, podrían haberse utilizado ilícitamente para afinar en la venta de medicamentos por parte de Boheringer.

La lista de posibles delitos asociados al caso es larga: prevaricación; uso indebido de información privilegiada; fraudes y exenciones ilegales; negociación prohibida a los funcionarios; delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores; delitos societarios, etc.

No es que estos delitos no se cometan de manera cotidiana, el problema es que no hay trabajadores de la industria sanitaria que suelan vencer sus lógicos miedos y los adviertan a la sociedad. Si todo esto está ocurriendo es porque un ex empleado de la citada farmacéutica Rafael Fernández, ha denunciado formalmente el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz.

Las pruebas documentales contundentes son contundentes y el mencionado trabajador las recibía en su correo electrónico corporativo: pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos, etc.

Todo comenzó cuando Fernández, que trabajaba como lobbista ante las administraciones sanitarias y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación “extraída ilícitamente”. Trabajador en la compañía durante 30 años, denunció el caso de esta apropiación de datos reservados en marzo de 2017 y en diciembre pasado dio un paso más en su denuncia y remitió la información de la que dispone a este supervisor europeo al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

El trabajador afectado está en la actualidad en situación de Incapacidad Permanente Total por un cuadro de trastorno adaptativo mixto reactivo al conflicto laboral y en litigio por vía de lo social con la empresa denunciada.

Por este motivo el trabajador se ha visto obligado a elevar a la Comisión Europea su derecho de amparo a la Directiva Europea en Protección de Denunciantes de corrupción.

Como he comentado en otras ocasiones estas denuncias ponen de relieve de nuevo la falta de protección en España de los informadores internos o whistelblowers, como se les denomina en el mundo anglosajón. Fernández está moviéndose. A principios del mes pasado contábamos en estas páginas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia porque España no cumple la directiva de protección de denunciantes de corrupción.

En alguna ocasión hemos publicado sobre el peligro de muerte que presenta el fármaco anticoagulante Pradaxa (dagabitran) de Boheringer. El Bristish Medical Journal (BMJ) publicó cómo la farmacéutica ocultó datos importantes sobre su seguridad obtenidos en los ensayos clínicos que hizo, práctica ya habitual en parte de la industria farmacéutica. Parece que en esta compañía están obsesionados con el control de los datos y los manejan a su antojo para intentar que sus medicamentos se recten al máximo, lo que es legítimo… siempre que se haga de manera legal.

Una investigación realizada por el BMJ muestra cómo los fabricantes del medicamento, presentado como revolucionario anticoagulante, retuvieron datos que conocían ante los reguladores de las agencias de medicamentos sobre el modo de utilizar el medicamento con seguridad y eficacia. Boheringer lo que pretendía es competir así con el famoso Sintrom, así que las promesas de que es fármaco sería relegado al baúl de los recuerdos tras 50 años de hegemonía resultaron cuando menos vehementes.

Seguiremos informando sobre este caso de posible tráfico de datos personales sanitarios pues, al tiempo, puede ser la punta del iceberg de cómo las industrias sanitarias usan las estadísticas basadas en nuestra salud y enfermedad para abrir nuevos mercados a sus tratamientos.