Contaminación electromagnética: Grave conflicto de interés en Sanidad

La asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS) está denunciando estos días un grave conflicto de interés que afecta a un alto cargo del Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa. Se trata de un «representante» de la industria de la telecomunicaciones que a su vez decide sobre enfermedades relacionadas con los posibles impactos de esas y otras industrias.

El asunto se centra en Francisco Vargas Marcos, técnico de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, en el área de Salud Pública.

Este funcionario es responsable técnico en dicho Ministerio de todo lo relacionado con la Sensibilidad Química Múltiple (SQM), el Síndrome de Fatiga Crónica (FC-EM), la fibromialgia (FM) y la Hipersensibilidad Electromagnética (EHS).

En el año 2001, bajo su responsabilidad como Subdirector de Salud Ambiental y Laboral del Ministerio de Sanidad, se fijaron en España los límites de emisión para las tecnologías de comunicaciones inalámbricas a petición del Ministerio de Industria.

Siendo técnico de Salud Pública, al mismo tiempo, Francisco Vargas ostenta desde hace años cargos en organismos directamente relacionados con la industria de las telecomunicaciones y el despliegue de redes inalámbricas. Por ejemplo en SATI.

Se trata del Servicio de Asesoramiento Técnico e Información de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre implantación de infraestructuras de radiocomunicación, concretamente de estaciones base (antenas) de telefonía móvil y está financiado por operadoras de telefonía móvil.

También el conocido como CCARS, que es el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, organización privada dependiente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, a su vez con fuertes vínculos e intereses compartidos con la industria de telecomunicaciones y despliegue de las redes inalámbricas, y cuyo principal función y objetivo dista mucho de ser la salud pública.

Esto implica un flagrante caso de conflicto de interés para un funcionario técnico, que se presenta como experto en los efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud y en electrohipersensibilidad. Durante años, el CCARS ha marcado las directrices de Salud Pública, suplantando oficiosamente el papel de una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud oficial que nunca fue creada (pese a que lo establece la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones). Seis años han trascurrido pero no arranca esa Comisión.

El CCARS como indico, es una organización privada dependiente de la industria de las telecomunicaciones en la que el Vargas tiene una posición relevante como director científico. Todo ello con el beneplácito del Ministerio de Sanidad. Además, este funcionario Vargas, siendo técnico del Ministerio de Sanidad responsable de las enfermedades anteriormente mencionadas.

El problema para la asociación denunciante es que Vargas es autor de informes científicos

claramente sesgados y negacionistas en los que se omiten las evidencias y conclusiones de la literatura científica que sí muestra efectos biológicos negativos de las radiofrecuencias y otros campos electromagnéticos no ionizantes».

Sus trabajos han sido mencionados y han servido para desalentar la preocupación de la opinión pública acerca de los riesgos de las radiofrecuencias, así como para evitar la toma de medidas de protección de la población en el ámbito de la salud pública con respecto a la telefonía móvil y las nuevas tecnologías inalámbricas.

En sus apariciones públicas, Francisco Vargas mal representa la electrohipersensibilidad negando los efectos biológicos de la radiación electromagnética, promoviendo un diagnóstico erróneo del síndrome que puede causar, proponiendo prácticas contraproducentes para la salud de los enfermos, poniendo en peligro con ello su integridad física y moral

y fomentando el odio y la marginación social hacia quienes la padecen», según argumentan desde EQSDS.

Además del cese inmediato de Francisco Vargas, EQSDS solicita al Ministerio de Sanidad que todos los miembros de esta Comisión (cuando se cree, si es que se consigue) justifiquen y documenten una situación profesional exenta de conflictos de interés.

Que se adopten medidas para paliar los daños causados a los enfermos y que se adopten medidas de protección de la población frente a los campos electromagnéticos no-ionizantes.

Hay normas en esa línea como las recogidas en la Resolución 1815/2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y en consonancia con los conocimientos científicos actuales como los derivados del estudio sobre Radiofrecuencias del National Toxicology Program (Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos).

Sería justo también que esta asociación formara parte de la futura Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud como organización ciudadana experta representante de afectados.