¿Será obligatorio vacunarse para prevenir la Covid?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que en breve estará aprobado el plan de vacunación para prevenir la Covid. Lo paradójico es que hay plan pero no existe vacuna. Se supone que alguna de las muchas que se investigan será eficaz y segura pero por ahora lo único que hay son investigaciones en curso, mucha nota de prensa promocional de los laboratorios y muy pocos resultados preliminares de ensayos clínicos publicados, como os contamos en Poca ciencia y muchos intereses en la alocada carrera mundial por la vacuna de la Covid.

La Unión Europea está comprando ingentes cantidades de vacunas… sin que haya vacuna, vaya. Un producto tan delicado se compra a ciegas, confiando en empresas en algún caso con un pasado terrorífico, como describo en Sin pruebas sobre las bondades de la vacuna para la Covid de Pfizer, una empresa sospechosa.

Claro, entre las evidentes prisas con las que están desarrollándose estos productos para la inmunización, las ventas de acciones de los ejecutivos de las farmas que denotan su ánimo de lucro por encima del interés por la salud pública y el miedo a que los efectos secundarios sean peores que la enfermedad, la mitad de la gente no quiere vacunarse de manera inmediata.

Y pese a que las vacunaciones en España son voluntarias -así lo garantiza la Ley de autonomía del paciente, hay quienes no pierden la oportunidad para intentar hacer realidad sus sueños húmedos de una vacunación de la Covid obligatoria (lo hacen siempre que las circunstancias se lo ponen fácil).

El plan de vacunación contra el Covid-19 empezará en enero de 2021 pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que no será de carácter obligatorio para toda la población. Es consciente y así lo ha comunicado que:

Los expertos recomiendan que no sea obligatoria porque podría ser contraproducente“.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no debe de rodearse de los mismos expertos, a saber quién le aconseja y ha presentado con el Partido Popular una propuesta por la cual se sancionará a aquellas personas que no se vacunen contra el coronavirus una vez que el fármaco esté disponible. Hasta 3.000 euros pueden caerte.

Hace unos días el prestigioso penalista Gonzalo Quintero Olivares publicó un artículo titulado Vacunarse a la fuerza que no tiene desperdicio. El asunto de la citada obligatoriedad está muy bien planteado. Nos interesa mucho el último párrafo en el que argumenta sobre indemnizaciones para personas que puedan quedar dañadas durante o después de las inmunizaciones masivas.

La segunda advertencia se refiere a la potencial responsabilidad del Estado en el supuesto de imposición obligatoria de la vacunación. Creo que es una condición sine qua non para el reconocimiento del Estado social que las eventuales consecuencias dañinas para los que hayan recibido obligatoriamente una vacuna habrían de dar lugar a la indemnización de acuerdo con lo dispuesto en el art.139-1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Nosotros en el tenemos experiencia en defender a personas dañadas por medicamentos. Un caso concreto ha sido el de la vacuna del papiloma humano.

Interpusimos diversas demandas impulsadas por la asociación de afectadas en la Audiencia Nacional.

Y ocurrió lo siguiente: el Consejo de Estado, los abogados del Estado y los magistrados de la citada Audiencia, argumentaron que como la vacunación es voluntaria -y pones tu cuerpo en beneficio de la sociedad-, en caso de daños, el Estado o la administración autonómica, no tienen porqué ayudar a los dañados o tratar de reparar esos efectos secundarios con una indemnización.

Esto sí es grave. Además, rechazaron el concepto jurídico de daño desproporcionado que venía aplicándose hasta esas resoluciones. Nosotros interpusimos varios recursos y fuimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ni siquiera se leyeron los argumentos. Es decir, no interesa el tema de daños por vacunas… por ahora.

En el  recibimos variadas consultas sobre ello, por eso publicamos esto desde el punto de vista jurídico. Lo hacemos, como siempre, desde la óptica del usuario y del derecho a la información; no somos ni antivacunas ni provacunas (seguramente ni todas las vacunas son 100% necesarias, seguras y efectivas, ni hay motivos para estar 100% en contra).

Nuestro posicionamiento es que en España rige la libertad de elección de tratamiento y no se puede obligar. Escrito lo anterior, somos pro derecho a la información en salud del ciudadano. Para eso, el sistema de vacunación es de mínimos.

No nos informan de manera adecuada. Los médicos, en su mayoría, con todos los respetos, saben poco del mecanismo farmacológico de estos preparados. Y las asociaciones profesionales del ámbito de las vacunas están muy mediatizadas por la industria farmacéutica.

Si minimizamos riesgos en vacunas, la salud pública mejora y habrá menos daños. El actual sistema niega casi cualquier efecto secundario, incluso si se advierte en prospecto. La población, por su parte, tiene también su responsabilidad, sobre todo, a la hora de solicitar y leer información.

Estamos pues a favor de la libertad de elección. Para cualquier consulta profesional podéis rellenar el cuestionario de cita formal de la página del Bufete www. o escribir al correo bufeteram (arroba) bufeteram.com y recibiréis pronta contestación de un abogado experto en vacunas.