El Tribunal Constitucional reabre el caso Agreal que la Audiencia Nacional quería cerrar

El Tribunal Constitucional admite a trámite el caso Agreal de daños producidos por este medicamento del laboratorio Sanofi. En una sentencia del año pasado la Audiencia Nacional lo había sobreseído, pero el Constitucional observa trascendencia constitucional en la delimitación de hechos que dañen derechos fundamentales relacionados con la salud. Es un caso que llevamos en el > desde hace siete años.

El 14 de septiembre de 2021 la Audiencia Nacional emitió una sentencia que obvió cualquier mención a la prueba principal de la defensa en el caso Agreal. Se trataba de un profundo dossier “confidencial” en el que el laboratorio Sanofi reconoce que su fármaco provoca graves daños físicos y psíquicos.

La Sentencia, incongruente, irracional e injusta, ha sido revisada por el Constitucional que tiene ahora que provocar que los jueces se pronuncien sobre este dossier clave en el caso. El alto Tribunal debe decidir si la no actualización de la información con lo que sabía de antemano Sanofi, no daña la integridad física y moral de sus víctimas… o sí.

Sanofi sabía que el medicamento podía dañar a sus consumidoras y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) también, de hecho esta nunca actualizó la nota informativa sobre el producto con la que supuestamente informaba a los profesionales sanitarios sobre el tratamiento.

Todo ello parte de una demanda de protección de derechos fundamentales que interpone la Asociación Agreal Luchadoras contra la Aemps y el Ministerio de Sanidad por seguir sin actualizar la información relacionada con el fármaco Agreal.

La Aemps creó un comité científico o de expertos falso. Existen pruebas contundentes de ello que la Audiencia no quiso ver. La Agencia emitió una Nota Oficial en el año 2007 indicando que numerosas sociedades médicas (psiquiatría, farmacia, neurología, atención primaria, etc.) avalaban que el producto no ocasionaba daños de carácter crónico de tipo psiquiátrico y neurológico.

Esta falsedad se hizo omitiendo, a conciencia, los datos de los ensayos clínicos y estudios postautorización del fármaco. Sin embargo, gracias al esfuerzo de las mujeres se consiguió a través del Defensor del Pueblo de la Unión Europea los datos verdaderos del caso.

Estos datos demuestran que se sabía que el consumo de Agreal durante más de tres meses era peligroso. Muchas afectadas lo tomaron durante muchos años. Esta Nota permitió que Sanofi y la AEMPS salieran indemnes en la mayoría de los juicios sobre los daños de Agreal que se juzgaron en España.

Sin embargo, ni la justicia, ni el laboratorio, ni la Aemps, han entrado al fondo del asunto todavía una vez que las mujeres demandan aportando la evidencia científica del producto, información que se les había ocultado intencionadamente.

Las cuestiones con interés constitucional en las que va a entrar a juzgar el Tribunal Constitucional en relación al caso Agreal son las siguientes:

-¿Debe la administración modificar un acto administrativo conforme al criterio médico científico en virtud de la nueva o desvelada evidencia científica?

-¿Puede una administración hacer caso omiso a una prueba científica clave y plenamente demostrativa del origen de un daño en miles consumidores, aunque el medicamento ya esté fuera de mercado?

-¿La actividad de farmacovigilancia debe extenderse a medicamentos que ya están fuera del mercado?

-¿Esta actividad es susceptible de violar derechos fundamentales que afectan al libre desarrollo
de la personalidad?

-¿Es un asunto de protección de la salud y no lesión de derecho fundamental? ¿El no reconocimiento produce una lesión del derecho fundamental a la integridad moral?

Es un hecho probado que un medicamento como Agreal puede provocar una
“intoxicación medicamentosa”. Según Francisco Almodóvar, responsable legal del :

Lo hemos demostrado con ciencia, con los informes periciales presentados y referencias a la literatura científica relacionada con los efectos adversos de los neurolépticos (grupos al que pertenecía Agreal)”.

Ahora el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre todo ello y sembrar jurisprudencia.