Victoria legal de las víctimas de la talidomida que allana su camino para ser indemnizadas

Si ayer os contaba buenas noticias sobre la Justicia española, la indemnización de 13 de millones de euros por una negligencia médica, hoy son los afectados por la talidomida los que también las dan. Resulta que el Tribunal Supremo da la razón a AVITE (Asociación de víctimas españolas de la talidomida), y anula varios puntos del Real Decreto de ayudas a los afectados.

El Real Decreto 574/2023, que hizo el Gobierno para indemnizar al numeroso grupo de dañados en España por el fármaco no era legal.

La más alta institución jurídica del Estado -en sentencia nº 1120/2024- abre la puerta así a muchos dañados de por vida a poder reclamar que el Estado les ayude económicamente.

Hasta ahora solo habían sido 130 personas las reconocidas por el Comité Científico Técnico de la Talidomida (CCTT), que fue nombrado por el Ministerio de Sanidad para decidir quién cobraría y quién no lo haría..

El Tribunal Supremo anula artículos y considera así válidas las resoluciones administrativas firmes que ya tenían muchos de los solicitantes, argumentando que la Administración no puede decir una cosa, y la contraria.

Con esta sentencia se podrían incorporar a la “lista” de Victimas de Talidomida en España un número indeterminado, pero importante de personas, y respalda el criterio que AVITE lleva argumentando los últimos 10 años y que todos Gobiernos han ignorado deliberadamente.

¿Que cómo puede ser que los Gobiernos ignoren a las víctimas de un medicamento que les destrozó la vida cuando ni habían salido del útero de su madre, hace 60 años? Pues porque cuando no han llegado al Poder, por lo general, dicen a esas personas -posibles votantes- que les ayudarán, pero cuando han de gestionar las partidas de dinero del Estado les empieza a parecer mucho lo que han de gastar. Cruel, injusto… y real.

Desde AVITE valoran muy positivamente esta decisión del Tribunal Supremo:

Supone un gran éxito al trabajo asociativo, y un correctivo a los gobernantes que abogan por el menoscabo de los derechos del ciudadano a cualquier precio en su propio beneficio, aun a costa de colectivos severamente desfavorecidos, como es el caso.

Afectados por la talidomida.

Consideraciones jurídicas

En respuesta a la lucha de más de 20 años de AVITE, en julio pasado, y tras cinco años de retraso, se promulgó el RD 574/2023 por el que se ordenaba el pago de determinadas ayudas a los afectados de la talidomida en España.

Esta norma era, sin embargo, contraria a derecho, a la ley 6/2018 que desarrollaba y a los intereses de los socios de AVITE, en tanto ciertos artículos de la misma limitaban el acceso a las ayudas a aquellos afectados, los menos, que disponían de determinado certificado de enfermedades raras.

Este fue expedido en virtud del informe positivo del citado Comité Científico Técnico. El problema es que los informes negativos erróneos de ese comité no habían podido ser recurridos por los socios injustamente excluidos.

Y también que se producía la contradicción inaceptable de que el propio Estado español tuviera a muchos socios de AVITE como afectados de la talidomida en anteriores resoluciones administrativas firmes, como las de las ayudas del RD 1006/2010, la jubilación anticipada según RD 1851/2009, etc., y, sin embargo tuvieran informe negativo y por lo tanto la ayuda denegada.

La sentencia ahora conocida estima lo pedido por AVITE, declara nulos los artículos que eran contrarios a derecho y hace Justicia. Subsana así el absurdo de que el mismo Estado resolviera que una persona era afectada y a la vez no por la talidomida. Esto en la práctica supondrá que las ayudas se extiendan a muchos afectados socios de AVITE para afrontar su difícil situación.

Desde AVITE piden al Gobierno que aplique las sentencias de oficio a todos los casos pues de lo contrario obliga a los afectados a tener que hacerlas valer ante los tribunales en procedimientos que pueden ser largos. Esto supone, en muchos casos, que las ayudas pierdan su fin.

Buenas noticias que me alegran personalmente pues sigo la lucha de las personas afectadas por la talidomida desde que empecé a investigar periodísticamente las prácticas de la industria farmacéutica, hace 23 años.