Va acercándose el juicio del presunto tráfico de datos sanitarios por la farmacéutica Boheringer

En unos días se va a celebrar un juicio contra la farmacéutica Boheringer por la demanda interpuesta contra la empresa por un trabajador, Rafael Fernández, por daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional que padece.

Fernández está en situación de incapacidad permanente total por ser la persona de la compañía encargada de relacionarse con los altos cargos de los sistemas de salud de Extremadura (SES) y de Andalucía (SAS), y haber denunciado un posible tráfico de datos.

Cartel farmacéutico

Os pongo en antecedentes y os cuento todo el caso. Hace menos de un año la Comisión Europea multó a cinco empresas farmacéuticas con 13,4 millones de euros por participar en un cartel relativo a un importante ingrediente activo usado en el medicamento Buscopan (contra los espasmo abdominales).

Las empresas multadas fueron Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Linnea, Transo-Pharm, y la más conocida: Boehringer, el fabricante del medicamento más recetado y polémico de España.

Otra de las empresas implicadas, C2 PHARMA, se libró de la sanción porque reveló el cartel a la Comisión Europea en el marco del programa de clemencia, quien revela posibles casos de corrupción obtiene ciertos beneficios.

Fue la primera vez que la Comisión sancionó a un cartel en el sector farmacéutico en relación con un ingrediente farmacéutico activo. Las seis empresas admitieron su participación en el cartel y pagaron la multa.

La investigación de la Comisión reveló que las seis empresas coordinaron y acordaron fijar el precio mínimo de venta del principio activo, N-butilamina/hioscina (SNBB), a los clientes (es decir, distribuidores y fabricantes de medicamentos genéricos) y asignar cuotas.

C2 PHARMA recibió inmunidad total por revelar el cartel, evitando una multa de alrededor de 807.000 euros. Transo-Pharm y Linnea se beneficiaron de una reducción de sus multas por su cooperación en la investigación. Peeeero Boheringer no cooperó…

¿A qué viene todo esto? A que esta próxima semana Boheringer enfrentará el juicio que os digo por la demanda de Fernández. Pero es que hay otro juicio largamente esperado, ya que fue suspendido en el último momento y será por lo que comenté al principio: filtración de datos personales y de salud de los sistemas públicos sanitarios a Boheringer. 

Datos de pacientes y médicos

Hace unos seis años os conté el caso de este valiente trabajador de la farmacéutica que denunció el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz.

Lo hice en el post ¿Trafican las farmacéuticas con nuestros datos sanitarios confidenciales?

En el juicio están citados el máximo responsable de Boehringer, Christian Boehringer y el Jefe de Servicio de Inspección Sanitaria en la Consejería de Sanidad de Extremadura, Laureano Marín Lencero.

La citada empresa deberá responder por la supuesta filtración de documentos y datos profesionales, personales y de salud, especialmente protegidos por la ley, que supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la intimidad de numerosos pacientes y funcionarios públicos del sistema sanitario (extremeño y andaluz).

La comparecencia de los dos responsables es parte fundamental en el proceso que el trabajador mantiene abierto contra su empresa desde 2017 debido a la recepción continuada en su correo corporativo de imágenes, documentos, datos de pacientes y de unos 350 profesionales de la salud.

El trabajador puso inmediatamente en conocimiento de altos responsables de distintos departamentos de la farmacéutica estos hechos, al tratarse de datos especialmente sensibles enviados por directivos comerciales de su empresa… pero ¡no le hicieron caso! Así que acudió a la Justicia

No se descartan pues actuaciones penales por los daños ocasionados a las partes afectadas por la vulneración de datos personales y profesionales y, en concreto, al trabajador de la empresa, quien ha sufrido por esta circunstancia importantes problemas de salud desde 2017.

Denuncia ante la Justicia

Fernández estuvo en la citada empresa farmacéutica durante 30 años. Todo comenzó cuando este empleado, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias en Andalucía y Extremadura y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación «extraída ilícitamente».

Eran documentos y comunicados internos de los servicios autonómicos de Salud de esas regiones, pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos, etc.

Lo advirtió a las autoridades sanitarias y lo denunció en los tribunales de Justicia y ha seguido perseverando en todos los procesos. Se da la circunstancia además de que Boheringer acusa a su exempleado de querer sacar dinero con su denuncia ante la Justicia.

Señores de Boheringer: ¿No será al revés? ¿No será que su desmedida ambición de dinero les está llevando a formar cartel sancionado por la Comisión Europea o a presuntamente traficar con datos de profesionales sanitarios y pacientes? ¿O a poner en el mercado peligrosos fármacos, lo que les ha valido, por ejemplo, tener que pagar 1,25 millones de dólares en compensación a la familia de una mujer que murió debido a los daños de Pradaxa?

Seguiremos informando sobre lo que acontezca en este primer juicio… y por supuesto también cuando llegue el segundo.