Las mentiras industriales sobre el alto precio de muchos medicamentos pueden tener los días contados
Sanidad va a obligar a las empresas farmacéuticas a decir cuánto les cuesta de verdad producir cada fármaco, clave para poder poner un precio “justo” a sus medicamentos. Es decir, el Sistema Nacional de Salud (SNS) quiere saber exactamente qué paga y por lo que paga, ya que muchos tratamientos hoy tienen precios exhorbitados que pagamos entre todos los contribuyentes, y en su mayor parte no pueden justificarse porque sus fabricantes no cuentan de dónde procede su financiación, y cuánto han invertido en Investigación más Desarrollo y cuesta su producción.
Y es que el gasto farmacéutico ha crecido de enero a mayo un 8,1% con un gasto total de 10.148 millones de euros, según la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM). Esta pide al Ministerio de Sanidad que recurra el sobrecoste de más de 430 millones de euros que supondrá para el SNA en los próximos 3 años la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de prohibir la venta de un fármaco anticoagulante genérico, apixaban, que consumen más de 375.000 pacientes en España.
El gasto farmacéutico actual en España es una sangría muy perjudicial para nuestro sistema sanitario. El caso del apixaban es un ejemplo más de lo que supone los precios abusivos y abuso de posición dominante de los monopolios y la patentes de las farmacéuticas. AAJM ha pedido a Sanidad que se presente como parte afectada y exija a la empresa propietaria de la patente, Bristol Meyers Squibb (BMS), daños y perjuicios por el sobrecoste de 430 millones de € que deberá soportar de 2024 a 2026.
En el Reino Unido se ha anulado la patente de apixaban por “falta de actividad inventiva” (una patente acredita que lo producido es novedoso y por eso necesita de una protección comercial para que el inventor y fabricante pueda recuperar la inversión -esto puede ser discutible, simplemente lo explico como es-. El asunto es que ese principio activo iba a ser comercializado por otra compañía, Teva, con otro nombre pero sin aportar ninguna novedad científica. Y un juez dijo que eso no.
Los precios de los medicamentos no reflejan hoy los costes reales, son precios especulativos por el abuso de las patentes y por la falta de transparencia de la industria que los produce y vende. Claro, que los tratamientos médicos tengan precios exhorbitados provoca que más de 1.500.000 personas en España no pueden pagar los medicamentos recetados por sus médicos de la Sanidad Pública.
Apixaban sin datos, pero con daños
Lo del apixaban viene de lejos. Existen desde hace mucho tiempo incertidumbres sobre los nuevos anticoagulantes orales en fibrilación auricular, irregularidades y lagunas en su autorización. Las conclusiones son claras… y molestas para quienes tienen intereses comerciales en estos productos:
Los ensayos clínicos pivotales que dieron pie a la comercialización de apixaban en fibrilación auricular cuentan con numerosas irregularidades, incluidas la ocultación y falsificación de datos. Las agencias reguladoras han mostrado tener una falta de rigorpreocupante al aprobar estos medicamentos, haciendo caso omiso a distintas deficiencias graves en los ensayos pivotales, detectadas por las propias agencias reguladoras.
Y no hemos hablado sobre los posibles daños de apixaban. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alertó en 2019 sobre los populares anticoagulantes y los daños que iba descubriendo mientras se vendían: Incrementan el riesgo de trombos en pacientes con Síndrome Antifosfolípido y antecedentes de trombosis. Lo paradójico es que estos fármacos se usan para prevenir los trombos precisamente.
En consecuencia, indicó la AEMPS, dependiente de Sanidad, no se recomienda el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con Síndrome Antifosfolípido y antecedentes personales de trombosis.
En fin, que pagamos con nuestros impuestos fármacos cuyo origen es desconocido porque sus fabricantes no informan de cómo los han hecho. Los daños que pueden provocar son notables y se van conociendo sobre la marcha. Y para colmo nos los intentan revender cambiándoles el nombre, pero sin ofrecer nada nuevo con ellos. Así que el decreto que se impulsa ahora intentará poner coto, en cierto modo, a esta situación.
