Entre trombos y Tribunales: Los casos de daños por las vacunas Covid-19 ante la Justicia
Pedro García, profesor de Física y Química en Barcelona, se ha convertido en un símbolo de lucha por el reconocimiento de los derechos laborales tras sufrir graves efectos secundarios relacionados con la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Su caso ha culminado en un juicio celebrado el pasado 17 de marzo de 2025 en el Juzgado número 31 de lo Social de Barcelona, y ha puesto sobre la mesa cuestiones clave sobre la responsabilidad estatal y las prestaciones por bajas laborales.
Una vida marcada por los trombos
Pedro es fundador de ATEAVA, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca, y le conocí cuando estas personas se interesaron por los servicios de mi proyecto jurídico, ahora llamado Miguel Jara & Abogados.
Él fue vacunado con AstraZeneca hace cuatro años como parte del Plan Estratégico de Vacunación del Gobierno español, en el que, como denuncié en su día, están los «fontaneros» de los fabricantes de esas mismas vacunas.
Como docente, formaba parte del personal esencial que debía inmunizarse (no era obligatorio, pero la presión fue tremenda), para garantizar la continuidad de los servicios educativos. Sin embargo, poco después de recibir la vacuna, sufrió dos trombos: uno pulmonar y otro hepático irreversible. Este último le dejó con secuelas permanentes que cambiaron su vida para siempre.
El 17 de marzo de 2021, Pedro ingresó en la UCI del Hospital del Mar, donde permaneció una semana antes de ser trasladado a planta para tres semanas adicionales de recuperación. Desde entonces, su vida ha estado marcada por problemas de salud y una lucha constante por el reconocimiento institucional de los daños que han sufrido tantas personas.
El reconocimiento médico y legal
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) reconoció oficialmente que los trombos sufridos por Pedro estaban relacionados con la vacuna AstraZeneca. Este reconocimiento llegó después de que Europa retirara dicha vacuna del mercado en mayo de 2024 debido a sus efectos secundarios.
Sin embargo, el Estado español clasificó su baja como «baja común», lo que implicaba prestaciones económicas reducidas (60% del salario hasta el día 21 y 75% a partir del día 22). El maestro argumenta que su baja debería considerarse un accidente laboral, dado que fue causada por una medida impuesta por su condición laboral.
Según el artículo 156.2 de la Constitución Española, se considera accidente laboral cualquier situación vinculada al trabajo que genere daños físicos o psicológicos al empleado. La defensa sostiene que Pedro no tuvo opción de elegir otra vacuna y que fue obligado a vacunarse bajo el principio de solidaridad establecido por el Estado.
El juicio: Un precedente histórico
El juicio celebrado el 17 de marzo de 2025 es el primero en Cataluña relacionado con los efectos secundarios graves derivados de las vacunas contra la COVID-19. Pedro García busca no solo el reconocimiento económico adecuado sino también establecer un precedente para otros casos similares. Su abogado destacó las dificultades legales y sociales al enfrentarse a un sistema judicial poco habituado a este tipo de demandas.
Pedro no está solo en esta lucha. Ha contado con el apoyo incondicional de su familia, amigos y compañeros docentes en las escuelas donde ha trabajado. También ha recibido respaldo por parte de asociaciones como la mencionada ATEAVA y algunos sindicatos y ha sido visibilizado gracias al trabajo comprometido de algunos periodistas.
Yo le entrevisté en migueljara.tv:
En sus declaraciones públicas, Pedro ha expresado profundo agradecimiento hacia quienes le han acompañado durante este difícil camino. Reconoció especialmente al Hospital del Mar por salvarle la vida durante su ingreso crítico en 2021.
Impacto social: Más allá del caso individual
El caso de Pedro García trasciende su experiencia personal. Representa a miles de trabajadores esenciales que fueron vacunados sin posibilidad de elección y que ahora enfrentan secuelas físicas o psicológicas sin el respaldo adecuado del sistema.
También plantea preguntas importantes sobre cómo deben gestionarse las contingencias laborales derivadas de medidas sanitarias impuestas por el Estado. La resolución favorable para Pedro podría sentar un precedente crucial para redefinir las políticas laborales relacionadas con situaciones excepcionales como pandemias.
Este profesor resume su lucha con una frase contundente:
«Perdí la salud, pero no la dignidad».
Su caso es un recordatorio del impacto humano que hay detrás de las decisiones políticas y sanitarias durante la pandemia. Más allá del resultado judicial, Pedro ya ha logrado algo significativo: Dar visibilidad a una problemática ignorada y abrir camino para quienes enfrentan desafíos similares.
Su historia es un testimonio inspirador sobre resiliencia, solidaridad y búsqueda incansable de justicia.