Restricciones al vapeo en España: ¿Un paso atrás en la lucha contra el tabaquismo?

Quienes me conocéis ya sabéis que no fumo. Es más es que el tabaco me da asquillo. Desde hace algunos años está «de moda» entre las personas que quieren dejar de fumar, pero no lo logran (como hizo mi madre, de modo drástico; tras años, décadas fumando bastante, llegó un día en que lo dejó), el denominado vapeo mediante «cigarros electrónicos».

Parece que hay una guerra comercial, ya lo expliqué hace algunos años en este post: Big Pharma presiona para que el mercado del cigarro electrónico no le haga sombra. A las tabacaleras no les hace gracia que la gente use el vapeo como alternativa a sus cigarros, tan tóxicos. Y a la industria farmacéutica tampoco porque para dejar de fumar promociona sus medicamentos (y también muy peligrosos y con muertes a sus espaldas).

No es que la mayor parte de las personas que vapean crean que es LA SOLUCIÓN, seguramente les gustaría «ser como mi madre» y dejarlo sin más, pero es una alternativa en transición hacia dejarlo menos tóxica que el tabaco.

En España en estos momentos está intentándose regular el vapeo. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe contundente en el que critica varios puntos del Proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad para dicha regulación.

Esta busca modificar el RD 579/2017, proyecto que forma parte del Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y plantea restricciones para productos relacionados con el tabaco, incluyendo los dispositivos de vapeo. Vaya que Sanidad no ve en el vapeo una alternativa real para los ex fumadores de tabaco a los que les cuesta dejarlo definitivamente.

Según la CNMC, estas medidas podrían tener consecuencias negativas para la libre competencia, la innovación y el desarrollo del sector (este ente se ocupa de la cosa económica principalmente), pero además dice que las medidas del citado Ministerio carecen de suficiente respaldo científico.

El núcleo del conflicto

El Ministerio de Sanidad justifica estas restricciones al vapeo, que a continuación os explicaré, como una estrategia para proteger la salud pública y reducir el tabaquismo. Sin embargo, la CNMC argumenta que estas medidas no cumplen con los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Algo así como que para acabar con el tabaquismo quieren también acabar con el vapeo.

Entre las medidas más polémicas se encuentran:

• Empaquetado genérico: Eliminar los elementos diferenciadores en los paquetes podría limitar la competencia e inhibir la innovación dentro del sector.
• Restricción de sabores en los vapeadores: La normativa propone permitir únicamente sabores a tabaco, eliminando opciones como frutas o mentolados. Hay estudios que han demostrado que la diversidad de sabores facilita que los fumadores migren hacia alternativas menos dañinas, como los vapeadores.
• Prohibición de bolsas de nicotina con más de 0,99 mg por unidad: Esta medida se considera una prohibición encubierta, ya que la mayoría de los productos de vapeo superan dicho límite.
• Plazos de adaptación insuficientes: Se otorgan solo diez meses para fabricantes y doce meses para comerciantes para adaptarse a las nuevas normativas, lo cual es considerado inadecuado por la CNMC. Demasiada prisa, vaya.

Restricciones sin evidencia científica sólida

La CNMC subraya que muchas de estas medidas carecen del respaldo empírico necesario para justificar su desarrollo. Por ejemplo, aunque se busca reducir el atractivo del vapeo entre jóvenes mediante la prohibición de sabores distintos al tabaco, no hay pruebas concluyentes que demuestren que esta acción reducirá significativamente el consumo juvenil.

De hecho, eliminar sabores podría empujar a muchos usuarios adultos de vapeadores a volver al consumo de tabaco tradicional, un producto mucho más perjudicial, por la propia adicción que tienen al tabaco.

Además, la CNMC advierte que estas restricciones podrían generar un efecto contrario al deseado: favorecer a grandes empresas ya establecidas en el mercado del tabaco al dificultar la entrada de nuevos competidores. Esto no solo limitaría la innovación en el sector, sino que también perjudicaría a consumidores al reducir las opciones disponibles.

El impacto económico también es motivo de preocupación. Según un informe presentado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), las restricciones propuestas podrían provocar una caída del 83% en el valor añadido bruto anual del sector del vapeo en España, actualmente estimado en 263 millones de euros. Esto implicaría el cierre de hasta 500 tiendas especializadas y la pérdida de más de 1.500 empleos directos.

¿España va contra corriente?

En Europa, muchas regulaciones buscan equilibrar la protección de la salud pública con el fomento de la competencia y la innovación. Sin embargo, las medidas propuestas por España parecen ir en sentido contrario. Por ejemplo:

• En otros países europeos se permite una mayor diversidad de sabores en los vapeadores precisamente porque se reconoce su papel en ayudar a los fumadores a abandonar el tabaco tradicional.
• La Comisión Europea revisa constantemente las normativas nacionales para garantizar su compatibilidad con los principios legales comunitarios. En este caso, España podría enfrentar objeciones si no justifica adecuadamente sus decisiones.

La CNMC también destaca que existen herramientas menos restrictivas y más efectivas para desincentivar el consumo juvenil y proteger la salud pública. Entre ellas se encuentran campañas educativas o mecanismos fiscales específicos.

Otro punto crítico señalado por la CNMC es el procedimiento utilizado por el Gobierno para aprobar estas medidas. Según el organismo regulador, una reforma con este nivel de impacto debería ser debatida y aprobada en las Cortes Generales en lugar de implementarse mediante un Real Decreto. Esto garantizaría un análisis más exhaustivo y permitiría incorporar las perspectivas de todos los actores involucrados.

Personalmente pienso que cuando «se gobierna por decreto ley» es que no se ha dialogado con representantes del sector ni con expertos independientes durante el proceso normativo.

¿Un equilibrio posible?

La CNMC reconoce que proteger la salud pública es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, insiste en que las políticas públicas deben diseñarse respetando principios fundamentales como necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En este caso particular, considera que las restricciones propuestas no cumplen con estos criterios y podrían generar más perjuicios que beneficios.

Por ello, insta al Gobierno a reconsiderar su enfoque regulatorio y explorar alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar sus objetivos sin perjudicar a consumidores y pequeños empresarios (estos conforman el grueso de la industria del vapeo).

Y es que hay que tener cuidado porque de lo que la CNMC alerta es de que limitar sabores y regular como tabaco los cigarrillos electrónicos podría empujar a exfumadores de vuelta al cigarro tradicional, lo que creo que casi nadie querría.