La casta sanitaria y la vacuna de la varicela… del papiloma, Bio Bac, etc.

El culebrón sobre la vacuna de la varicela no concluye. El Ministerio de Sanidad ha decidido que sólo se distribuya en los hospitales para terminar con el abuso de este medicamento (la han retirado de las farmacias, donde se distribuía hasta ahora). Al limitar al uso hospitalario el producto se reducen de manera considerable los ingresos del fabricante. Parece que con la intención de intentar revertir la situación, hay medios de comunicación cercanos a los laboratorios que están publicando informaciones sesgadas que analizamos a continuación.

Lo que está sucediendo con la vacuna de la varicela en España es que existe una guerra entre laboratorio y Sanidad por la vacuna de la varicela Varivax o quizá sea más exacto escribir que lo que está produciéndose es un ataque del fabricante, Sanofi Pasteur Merck, Sharp and Dohme (MSD), a la decisión de la Administración de restringir el uso de su producto.

Y para ello se ve que está utilizando todas sus armas. Un ejemplo es lo que ocurre con el diario Redacción Médica, que desarrolla su trabajo próximo a la industria sanitaria (así lo escribe Marciano Sánchez Bayle, coordinador de la Federación de Asociaciones para a Defensa de la Sanidad Pública, en un artículo que le publica dicho medio en respuesta a la semblanza que unos días antes hacía de él el director editorial de la publicación).

El citado medio publica sobre lazos familiares que rodean al bloqueo de la vacuna de la varicela en las farmacias. Rosa María Fau de Casajuana, cónyuge de Francisco Salmerón, responsable del grupo de vacunas de la Agencia Española del Medicamento (Aemps) y firmante de la justificación oficial para la restricción de la vacuna al ámbito hospitalario, estuvo empleada durante un lustro en Sanofi Pasteur MSD, empresa productora de la vacuna Varivax.

Ahora este diario afirma que Fau de Casajuana también tuvo relación laboral con GlaxoSmithKline (GSK), la otra compañía que comercializa la vacuna, en este caso bajo la denominación de Varilrix.

Lo que intenta contarnos este periódico no tiene sentido, es contradictorio.

Puede haber un conflicto de interés en que la mujer de un alto funcionario del ámbito de las vacunas haya trabajado en laboratorios productores de vacunas sobre los que ha de decidir su marido, pero a los laboratorios en este caso les habría salido el tiro por la culata pues Salmerón ha decidido lo contrario de lo que le conviene a GSK y MSD.

No obstante, se agradece la información de Redacción Médica pues cuenta que ese dato, sobre el posible conflicto de interés, estaría oculto en la declaración pública de intereses enviada por el funcionario a la Agencia Europea de Medicamentos en abril de 2014 (habría declarado sobre la etapa de su mujer en MSD pero no la de GSK).

Esto revela lo que tantas veces hemos advertido, la existencia de «puertas giratorias» y conflictos de interés en parte del personal que trabaja en los ministerios, las agencias reguladoras y las industrias. Casta podríamos escribir sin temor a equivocarnos y por aprovechar la actualidad de un concepto tan gráfico. Es importante saberlo para entender la degradación de la democracia a la que asistimos y cómo consiguen los sectores económicos más poderosos ese poder.

Por sacarle punta al asunto, recordad que los citados laboratorios, GSK y MSD, en los que ha trabajado la mujer de quien es uno de los máximos responsables de vacunas en España, son los fabricantes de la vacuna del papiloma. Salmerón sí que podemos afirmar que se ha mostrado tibio cuando desde la  AAVP (Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma) le han pedido ayuda.

También podemos documentar lo que la familia de un bebé muerto tras su vacunación considera una negativa a ayudarles cuando hace unos meses pidieron a Salmerón ciertas informaciones sobre las vacunas sospechosas del desenlace fatal, caso que está en los tribunales de Justicia.

Salmerón actuó como un oscuro personaje en el caso Bio Bac. De él partió el famoso fax que pedía que «las alturas» boicotearan el producto para que nunca pudiera ser considerado medicamento.

Sobre ello tuvo que declarar en el juicio del caso cuya sentencia hemos conocido hace poco y señala que no hubo delito contra la salud pública ni estafa, principales acusaciones contra el fabricante, Rafael Chacón, que Salmerón nunca demostró. Es imortante saber que alguien intentó comprar el Bio Bac antes de que se produjese la denuncia de la Agencia Española de Medicamentos y fue un laboratorio de nombre Merck, según Chacón.

La existencia de castas sanitarias explica en parte la corrupción, mal funcionamiento y epidemia de iatrogenia (daños) en nuestro sistema sanitario.