Una farmacéutica litiga para que no se sepa con qué criterios se financia un fármaco muy caro

Hace un año el Gobierno español aprobó un nuevo medicamento, Kymriah, un novedoso procedimiento terapéutico, destinado a tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes. El fármaco tiene un altísimo precio y resulta que el fabricante va a litigar para ocultar los criterios por los que se ha comprado.

La organización Salud por Derecho, mediante la campaña No es Sano, trató entonces de saber cuánto le cuesta al Estado. Realizó entonces, a través del portal de Transparencia, una petición al Ministerio de Sanidad para conocer los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación.

En enero de 2019, el Gobierno envió a la campaña un escrito con el precio de financiación del tratamiento, que alcanza los 320.000 euros en España.

Sin embargo, en el caso de los criterios, ofreció una información genérica e incompleta que no respondía a la solicitud de No es Sano.

Por ello, la campaña acudió al Consejo General de la Transparencia, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, que falló su favor e instó al Ejecutivo a facilitar esta información.

Entonces la compañía farmacéutica fabricante del fármaco, Novartis, ha decidido llevar el caso a la Justicia para paralizar el proceso e intentar evitar por vía judicial que la campaña y por tanto la ciudadanía, tenga acceso a esta información. La empresa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia. Con este movimiento, Novartis intenta hacer prevalecer sus intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que participa en la campaña, destacan que es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras

sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior”.

Kymriah es solo el primero de una amplia lista de agentes similares que están por llegar pues el tratamiento se enmarca dentro de las denominadas inmunoterapias celulares que aprovechan la capacidad de las células de nuestro sistema inmunitario para reconocer y atacar el tumor. Kymriah es la primera terapia de este tipo aprobada en España.

Esta es una de esas batallas eternas, por un lado tenemos el interés público en saber sobre las nuevas terapias, su efectividad y seguridad y también el precio que pagamos todos por ellas.

Hace unos días publicaba sobre Soliris que es uno de los medicamentos que más cuestan, unos 600.000 euros. El problema es que no hay transparencia y los fabricantes son los primeros interesados en que no la haya, protegen así su propiedad industrial e intelectual.

Los precios tan altos han de estar muy bien justificados porque en el mercado existen muchos tratamientos de los que sus productores cuentan maravillas que luego no son tales. La clave para entenderlo es que son los laboratorios los que poseen toda la información sobre un tratamiento.

Las agencias de medicamentos solicitan parte de esa información para aprobar o no un nuevo fármaco y suelen fiarse de lo que reciben (los mejores clientes de estas agencias son las propias empresas que pagan por el registro de sus productos…).

En nombre del “secreto comercial”, una figura legal que ampara a las compañías, estas dan la información que quieren, la que les interesa. Por eso, durante los últimos años ha habido retiradas de productos sanitarios sin la suficiente evidencia científica de su calidad y que además han provocado graves daños. Dos ejemplos muy claros son el medicamento Agreal y el dispositivo anticonceptivo Essure.

En el caso que los nuevos tratamientos sean efectivos y seguros, ojalá, tenemos derecho a saberlo, a que esa información esté a disposición de los especialistas. Las empresas se niegan y como vemos llegan a litigar para poder ocultar la documentación que poseen. Este es el debate y lo que ahora deberán dirimir los tribunales, si está antes el derecho a conocer de la población o el ocultamiento sistemático de los laboratorios para proteger sus productos.

El imparable crecimiento de los precios de los medicamentos para el cáncer, se han duplicado en solo diez años, está arruinando los sistemas sanitarios. En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 100.000 euros por enfermo al año. ¿Son eficaces? Las cifras de muerte por cáncer no decrecen y cada vez es mayor el número de casos diagnosticados: de 247.000 en 2015 pasaremos a 315.000 en 2035, casi un 30% más, según las previsiones. Existe un lucrativo “mercado del cáncer” y somos las mercancías de los traficantes de remedios.