Johnson & Johnson y DePuy pagarán 120 millones de dólares por engañar sobre sus prótesis
La Fiscal General de Estados Unidos, Letitia James, junto con otros 45 fiscales generales de todo el país han llegado a un acuerdo con Johnson & Johnson (J&J) y su socia DePuy Inc. para resolver las acusaciones de que la compañía promovió ilegalmente un implante de cadera de metal. J&J pagará 120 millones de dólares a sus víctimas, personas a las que les pusieron los implantes marcas ASR XL y Pinnacle Ultamet y sufrieron daños.
Os lo contaba hace unos días. Más de 3.000 personas han recibido en España prótesis de cadera con posibilidad de estar defectuosas vendidas por la multinacional farmacéutica Johnson & Johnson (J&J). Fue hasta 2010, cuando la empresa retiró del mercado dicho producto, conocido como ASR. Y ha habido una sentencia que obliga a J&J a indenminizar a una de sus víctimas con más de medio millón de euros.
Pero es que hay más. Los fiscales generales de USA alegan que DePuy, junto con J&J, participó en prácticas injustas y engañosas en su promoción de los dispositivos de implante de cadera ASR XL y Pinnacle Ultamet al mentir sobre la durabilidad de esos implantes de cadera metálicos. DePuy anunció que el 99,2 por ciento de las personas a las que se les había implantado una de las prótesis ASR XL a los tres años se mantenía sin problemas. Pero lo cierto es que el Registro Nacional de Inglaterra y Gales informó una tasa de revisión de esas prótesis del 7 por ciento a los tres años.
Del mismo modo, DePuy promovió el Pinnacle Ultamet con una durabilidad de casi el 100% (en concreto el 99,9%) a los cinco años cuando el Registro Nacional de Inglaterra y Gales informó una tasa de revisión de 2,2 años a tres años en 2009, aumentando a un 4,28 por ciento a los cinco años de uso.
Desde el > que, como sabéis, estamos especializados en daños provocados por productos sanitarios, medicamentos y negligencias médicas, lo que observamos es que los fiscales en USA están a otro nivel.
En España no hay muchos fiscales con las ideas tan claras. En Estados Unidos, ya lo veis, varios fiscales se unen para llegar a un acuerdo extrajudicial con J&J y acusan a la compañía de información engañosa o que induce a la confusión.
En nuestro país, en ocasiones, cuando hay indicios de delito lo que hacen los fiscales es quitarse el caso de encima para que no les de mucho trabajo y si la cosa se pone fea se ponen siempre de lado de las multinacionales (esto es destacable pues en litigios entre una empresa modesta y una grande suelen ir a favor de la grande).
Por supuesto hay fiscales y Fiscales, acordaos aquel profesional que publicó en mi blog un análisis legal sobre la corrupción que significa que las farmacéuticas intenten comprar la voluntad de los médicos a través de la llamada “visita médica”.
Leed lo que dice la fiscal general Letitia James:
Doctors and their patients need to have accurate and up to date information to ensure that patients are receiving appropriate healthcare“.
O lo que es lo mismo:
Los médicos y sus pacientes necesitan una información adecuada y actualizada para asegurar que los pacientes están recibiendo una apropiada atención sanitaria“.
En España necesitamos una fiscalía valiente especializada en productos sanitarios y farmacéuticos. Hace falta que los fiscales actúen con independencia y no tengan un sistema piramidal como el actual controlado por el poder político, tan dependiente de agradar a los grandes poderes económicos y financieros.
Y sigue diciendo la fiscal general:
Companies should never be allowed to freely mislead the public, especially when there are health concerns involved. This settlement serves as an important message that deceptive and false medical practices will never be tolerated“.
Es decir:
Las empresas no deberían nunca tener permitido engañar libremente al público, especialmente cuando se trata de temas de salud. Este acuerdo muestra un mensaje importante, el engaño y las prácticas médicas falsas no deben ser nunca toleradas”.
Que tomen nota Sanofi, Bayer, J&J Europa, Merck, Sharp and Dohme (MSD), AstraZeneca o GlaxoSmithKline, que son algunas de las grandes empresas farmacéuticas con las que estamos litigando.