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El aberrante consentimiento informado para la vacuna Covid de Pfizer en Andalucía

La Junta de Andalucía está enviando un consentimiento informado para aplicar la vacuna de la Covid-19 de Pfizer a niños de entre 5 y 11 años. Es el documento que han de firmar las familias que hayan decidido vacunar a sus niños, ya que estos al ser menores han de estar tutelados por sus mayores. En dicho consentimiento encontramos algunas cosas muy preocupantes.

No sabemos a cuántos centros escolares se ha enviado esta comunicación, pero el punto más conflictivo es una frase que resulta bastante opaca.

Está en el apartado «Rechazo» de la vacunación. Si los representantes del niño firman «no autorizo para su vacunación frente a Covid-19 de mi representado/a», también lo hacen de

Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida«.

Consentimiento informadoEsto es tremendo, puro marketing del miedo y una frase cuando menos poco rigurosa.

Se da a entender que no vacunar es igual a poner en riesgo la vida de los niños cuando sabemos que aunque la incidencia de la Covid en la infancia está siendo mayor en estas fechas pero la mortalidad en ese grupo de edad es casi nula.

Como sabemos que el balance beneficio-riesgo de la vacuna la FDA, la agencia estadounidense de medicamentos (y todas las demás y lo mismo ocurre con todos los medicamentos y productos sanitarios) lo establece estudiando los datos que les proporciona… Pfizer. Y hay que creérselos ¿no?

Una clienta de nuestro Bufete, que es quien nos ha documentado este asunto, nos decía:

Me ha sorprendido esta frase y no se qué intención lleva la Administración Pública con ella. En todo caso, si llegara a pedirse este consentimiento yo, como ciudadana y madre añadiré un anexo respecto a esa frase.

También he pensado en contactar con el Defensor del Pueblo, para que se
aclare, desde esta institución y en aras de la transparencia, el contenido de la frase».

Este modelo de consentimiento indica además que en Estados Unidos, había vacunadas en el momento de su redacción cinco millones de personas de entre 5 y 11 años «sin que se haya producido ninguna alerta de seguridad«. Pero esto no es cierto.

Aquí podéis leer un completo post sobre cómo se fomenta el sesgo en los ensayos clínicos, cómo se ocultan reportes de graves efectos adversos y cómo se hace el recuento de muertes que puedan estar provocadas por estas vacunas para que prácticamente «no existan».

También es digna de mención la explicación en ese consentimiento ¿»desinformado»? sobre la seguridad de la vacuna:

Como todos los medicamentos, la vacuna puede producir reacciones adversas. La mayoría son leves y de breve duración y no siempre aparecen».

Se obvia que se han notificado en todo el mundo casos de, por ejemplo, daños en el corazón reconocidos por las autoridades sanitarias. Y lo de no siempre aparecen debería ir acompañado de una explicación sobre que existe una gran infranotificación de los posibles daños provocados por medicamentos y productos sanitarios.

Esta va del 2 al 20% según los países. Que algo no se notifique no quiere decir que no exista. Como explica el abogado de nuestro bufete, Francisco Almodóvar:

En mi opinión no dice toda la verdad para ser un consentimiento informado que debe ser real, actualizado, adecuado y responsable. Dirigido a los ciudadanos.

En este caso, parece un consentimiento de justificación de la vacuna y un consentimiento que en esas frases, sobre todo, en unas mienten y en otras discriminan. Eso es serio para una Junta de Andalucía».

Un consentimiento informado ha de ofrecer toda la información sobre los pros y los contras del acto médico, juzguen ustedes si este sirve a ese fin.

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3 comentarios

  1. Loable de entrada, que alguien “haya pensado” en un consentimiento informado (CI) para una actuación sanitaria con no poca incertidumbre en términos de seguridad.

    Desconozco si ese CI concreto tiene el VºBº del Comité Ético correspondiente al nivel administrativo emisor. Si la frase aludida (“Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida”) se considerase acusativa, coactiva o culpabilizadora, es decir, si no se ajustase a bioética asistencial, habría que corregirla. Esa intención deviene plausible por el hecho de que solo se “advierte” de la asunción de consecuencias “para la salud o la vida” en los apartados “rechazo” y “revocación del consentimiento”. La “autorización”, ¿no tiene ninguna?

    En mi opinión, la obtención de un CI firmado previo a la intervención sanitaria obliga a quien la propone. Ahora, a la Administración. A los padres y tutores que aceptan la inoculación se les ofrece firmarlo. Si firman, dejan constancia de su decisión, y la Administración sanitaria cumple con este aspecto tan importante de la autonomía del paciente/usuario. Lo usual en las actuaciones sanitarias asociadas a un CI.

    De otra parte, el CI contempla igualmente el posible rechazo a la actuación, pero no se está obligado a firmarlo. Con menos motivo si, por lo dicho, está redactado en términos que los padres puedan considerar inaceptables. A efectos de evitar la intervención propuesta, basta con que no firmen la autorización del CI para que, por defecto, la Administración sanitaria NI PUEDA NI DEBA inocular. Pues si alguien rehúsa firmar un opcional (para el interesado) “RECHAZO”, tampoco ha firmado el necesario (para la Administración) “AUTORIZO”.

    Ha pasado, en vacunaciones estándar por ejemplo, que, a pesar de NO haber firmado los padres un CI, es decir, no habiendo autorizado explícitamente su aceptación mediante el CI (¡incluso habiendo firmado el rechazo!), ha pasado, digo, que sus hijos han sido finalmente inoculados en las aulas, sea por despiste de los responsables de la comprobación de la existencia individual del CI mapaterno o por otro motivo.  

    De modo que padres que, de momento, deciden rechazar la inoculación, harán bien en valorar asegurarse de que sus hijos no la reciban eventualmente en el aula el “día D”.

    Y nadie puede pedirles más explicaciones que las que voluntariamente quieran dar, respecto de una decisión no menos informada, no menos libre y no menos responsable que la de quienes aceptan la inoculación.

    Gracias.

  2. En JAPÓN no se puede vacunar a nadie sin informarle de los posibles efectos adversos de la vacuna. De hecho, el gobierno japonés ha ordenado etiquetar las vacunas contra el Covid-19 para advertir de los efectos adversos para estudiarlos y poner remedio a los mismos. Asimismo, hace especial hincapié en el consentimiento informado del paciente, sea adulto, joven o niño, ya que el gobierno japonés está preocupado por el riesgo de miocarditis en hombres jóvenes. Las etiquetas indican también que «este producto contiene un aditivo que nunca antes se había utilizado en una vacuna». Anima a la gente a que se vacune, sin embargo subraya que no es obligatorio hacerlo. Se le debe notificar en caso de que las empresas obligasen a sus trabajadores a vacunarse. No puede haber discriminación entre los que optan por vacunarse y los que deciden no hacerlo. Un saludo.

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