Editores que hacen lobby para la industria automovilística
En plena Semana Europea de la Movilidad como estamos -aunque los “malos humos” nos recuerden lo contrario- nos enteramos del concepto de “movilidad sostenible” que tienen algunos editores españoles. El pasado mes de abril se debatió en el Parlamento Europeo una propuesta de enmienda relativa a la información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los coches nuevos. A los fabricantes de automóviles no les interesa que en la publicidad que realizan en los periódicos sobre sus vehículos figuren los datos de consumo y de emisiones de CO2. En una sociedad preocupada por los graves problemas ambientales que la acechan y más si cabe por el cambio climático, y en un contexto de crisis económica global, esos datos son “puntos negativos” para vender un coche. La propuesta incidía en aumentar la información sobre cuánto combustible consume el vehículo y cuántos gramos por kilómetro emite a la atmósfera, algo que ya se ofrece en la publicidad impresa. Por ello, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y a la Asociación de Revistas de Información (ARI) enviaron una carta a los europarlamentarios para exponer su punto de vista, coincidente con el de los fabricantes de automóviles.
En un email dirigido a David Hammerstein, europarlamentario de Los Verdes, Ignacio M. Benito García, director general de AEDE, y Carlos Ramos, presidente de ARI, comienzan su apuesta dejando claro cuales son sus poderes: 91 diarios, el 92% del mercado español, una audiencia de 13,7 millones de lectores anuales y 1.800 millones de euros por año en ingresos publicitarios la primera y 450 revistas, 20 millones de lectores y 722 millones de euros en publicidad la segunda.
“Ambas asociaciones creen oportuno hacerle llegar su opinión respecto al Borrador de Propuesta de Enmienda que está elaborando actualmente la Comisión Europea de la Directiva 1999/94/CE sobre el etiquetado del consumo de combustible y emisión de CO2 de los automóviles y que pretende hacer más restrictiva la regulación existente para la publicidad de los automóviles”, explican en la misiva.
“La industria automovilística es uno de los mayores anunciantes de entre todos los que aportan ingresos publicitarios para los medios escritos y no sólo en España sino en toda la Unión Europea, llegando a representar para algunos diarios hasta el 20% de sus ingresos publicitarios. Por ello, cualquier restricción publicitaria -incluida cualquier forma de obligatoriedad de inclusión de información en los anuncios- es una cuestión enormemente sensible que afectará a la publicidad de los medios de comunicación tradicionales, además de no lograr ningún objetivo medioambiental según ponen de manifiesto varios estudios” (sic), argumentan.
En palabras de estas dos asociaciones patronales “la industria automovilística es un sector vital para colaborar a que la prensa escrita siga manteniendo su independencia, diversidad y viabilidad económica”. Resulta de algún modo paradójico también el concepto de independencia que ofrecen estas asociaciones pues unos párrafos más adelante de dicha carta continúan: “Los consumidores pueden ser informados de los aspectos de combustible y emisiones de CO2 en otras etapas del proceso de compra del automóvil, como puede ser en el propio concesionario o en las páginas web de las marcas”.
Los editores reunidos en estas asociaciones, si tienen conocimiento y aprueban lo que estas afirman, están perdiendo una oportunidad inigualable para utilizar la publicidad y su oferta impresa para comunicar a los ciudadanos cuan poco combustible necesitan para funcionar los modelos más avanzados de la industria automovilística y cuan poco contaminan. Aunque no queda claro si la función de los editores es ofrecer diarios y revistas con contenidos informativos de calidad o hacer lobby para las industrias que mantienen su negocio con la publicidad. En todo caso se supone que los anunciantes pagan por el espacio que se les cede en las publicaciones ¿o por algo más?