Los «tóxicos eternos» derivados del cloro que hay en el agua que bebemos 

La preocupación por la presencia de sustancias tóxicas en el agua del grifo sigue siendo un tema de gran relevancia. En particular, los compuestos perfluorados y polifluorados (PFAS), conocidos como «tóxicos eternos» debido a su extraordinaria persistencia en el medio ambiente y en nuestros cuerpos.

Los PFAS pueden provocar diversos problemas de salud, incluyendo cáncer, alteraciones en los niveles de colesterol, función tiroidea, respuesta inmunitaria, función hepática y renal. Además, pueden afectar la salud reproductiva y aumentar el riesgo de defectos congénitos. Y es que, como hemos publicado, están presentes en el semen de los hombres.

El impacto económico asociado a la exposición a estas sustancias es considerable, estimándose entre 52.000 y 84.000 millones de euros anuales en el área económica europea.

Presencia generalizada y vías de exposición

Como el cloro y el flúor que contienen las aguas de consumo casero y sobre los que hemos publicado esos dos textos (el enlazado y el que hay dentro), estos compuestos se utilizan ampliamente en la sociedad actual, lo que ha llevado a una contaminación extensa del entorno. Se encuentran prácticamente en todas partes, incluyendo aguas superficiales, subterráneas… y potables. El agua del grifo, junto con algunos alimentos, se considera una de las principales vías por las que estas sustancias tóxicas llegan al cuerpo humano

La normativa actual de la Unión Europea establece límites para la presencia de PFAS en el agua potable. En España sigue, establece los siguientes límites para PFAS en el agua potable:

• 500 nanogramos por litro (ng/L) para el contenido total de PFAS
• 100 ng/L para 20 PFAS individuales 

Sin embargo, algunos países han adoptado medidas más estrictas:

• Dinamarca: 2 nanogramos por litro 
• Flandes (Bélgica) y Suecia: 4 ng/L 
• Países Bajos: 4,4 ng/L 

Estos países han tenido en cuenta el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de 2020, que fijaba la ingesta semanal tolerable en 4,4 ng/kg para la suma de cuatro sustancias específicas.

Hogar sin Tóxicos, una organización dedicada a la protección de la salud y el medio ambiente, ha solicitado a los Ministerios de Sanidad y de Transición Ecológica que adopten medidas más estrictas a nivel nacional para eliminar la presencia de PFAS en las aguas del grifo. Esta petición se basa en la creciente preocupación científica y en el ejemplo de otros países que ya han establecido límites de concentración más bajos.

La adopción de normas más estrictas sobre la calidad química de las aguas del grifo implicaría la necesidad de implementar sistemas de eliminación de contaminantes más avanzados en las instalaciones de tratamiento de agua potable urbana. Técnicas como la ósmosis inversa con carbón activado podrían representar un aumento significativo en los precios del agua, quizá, pero son de lo mejor que hay para purificar el agua que bebemos y con la que cocinamos.

En esta entrevista que le hago al director de la empresa de depuración de aguas NaturalThings lo contamos.

Quien contamina, ¿paga?

Ante esta situación, se propone aplicar el principio de «quien contamina, paga». Esto implicaría que las empresas que se benefician de la producción y comercialización de estas sustancias tóxicas sean las que asuman los costes de los problemas que generan, en lugar de que recaigan sobre los ciudadanos a través de impuestos o facturas de agua más elevadas.

Claro, se enfatiza la importancia de prevenir la contaminación en origen, en lugar de confiar en soluciones de «final de tubería» que a menudo resultan insuficientes. La prioridad debe ser exigir que se deje de contaminar las aguas con sustancias tóxicas como los PFAS. Desde Hogar sin Tóxicos solicitan al gobierno español que apoye los planes para la prohibición de los PFAS como grupo de sustancias, una iniciativa que forma parte de la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad de la UE. Esta propuesta enfrenta la oposición de la industria química.

Aunque la adopción de medidas más estrictas puede implicar costes económicos, no se debe desistir en el empeño de tener un agua más limpia y segura. El precio de no actuar podría ser mucho mayor, considerando no solo los problemas de salud asociados, sino también los costes de tratamiento, sociales, ambientales y de control de calidad.

Es necesario mejorar el seguimiento de la presencia de estas sustancias en el agua de abastecimiento urbano, ampliando la lista de sustancias monitoreadas. También hay que mejorar la información proporcionada a la población sobre estas y otras sustancias tóxicas, superando las carencias actuales del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

Conclusión

La presencia de PFAS en el agua del grifo es un problema complejo que requiere una acción coordinada y decidida. Es necesario adoptar medidas más estrictas para proteger la salud pública, mejorar los sistemas de tratamiento de agua, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y, sobre todo, prevenir la contaminación en origen. Aunque estas acciones pueden implicar costes a corto plazo, los beneficios a largo plazo para la salud y el medio ambiente son incalculables.